El agro y el reto de la energía
La triste opción de un mayor endeudamiento para España
YA pasaron los tiempos en que los problemas derivados de las crisis energéticas, como las ocurridas en octubre de 1973 y que se manifestó en España con especial virulencia años más tarde, afectara fundamentalmente al sector industrial. La actual es de la misma naturaleza para la industria, pero igualmente para el sector primario y de servicios como consecuencia de las transformaciones habidas en la estructura del sistema productivo de España.
Los datos que determinan el origen de la energía eléctrica en España el año 2021, que fue cuando comienza a disparase los precios de la electricidad, nos deja muy sorprendidos, pues el 46,6% de la energía eléctrica producida procede de fuentes renovables propias, siendo la eólica la más importante y la de más bajo coste 9/10 euros/ Mw., mientras que el gas que es quien marca el precio de referencia y supera los 500 euros/Mw., supone un 17,2% del consumo energético. El presidente del Gobierno dice que lo solucionará, pese a ser un problema complejo, con la ayuda de Europa y sus medidas propuestas.
Al día de hoy, la agricultura y la ganadería tienen una altísima dependencia de la energía eléctrica, tanto por la cantidad de consumo del suministro como de la calidad del mismo, pues todos los procesos son dependientes de la disponibilidad de energía y con una calidad de suministro adecuada; ya no es posible arriesgarse a depender de un suministro irregular y con tensión variable. En el caso de Andalucía, necesita disponer de una red energética suficiente y de calidad adecuada a su modelo agroindustrial y con una distribución espacial de red que permita la incorporación de nuevos yacimientos como lo de origen fotovoltáico, solar térmica y eólica, que posibiliten el desarrollo regional y acaben con los desiertos energéticos. En definitiva, se trata de hacer realidad una necesidad en la misma medida que la tienen cubierta las regiones industriales de España como País Vasco y Cataluña; realidad que, dicho sea de paso, hay que recordar que se llevó a cabo con enorme esfuerzo y sacrificio del pueblo andaluz y en detrimento de la materialización de estas infraestructuras que posibilitaran las bases de su desarrollo.
La incidencia de la electricidad y de una forma específica su repercusión en los precios del agua, especialmente en el agua desalada, estaba determinando una situación de desequilibrio en los costes de producción del sistema agroalimentario. Recordamos que en algunos puntos de la geografía del territorio andaluz se estaban pagando por encima de 1,20 euros/m3, máxime cuando la situación de crisis hídrica se viene haciendo realidad desde hace años. Afortunadamente se ha llegado a un acuerdo el pasado 15 de marzo al amparo de la Ley 1/2018 que dice en su adicional 4ª, 2. El Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros/m3. La situación actual ha posibilitado que los agricultores dispongan de agua desalada a un precio de 0,475 euros “a toma de riego”, a lo que hay que sumar otros gastos, lo que ya es un gran desahogo.
Paralelamente la subida de los productos petrolíferos y con ello los impuestos a los combustibles, junto a la subida de las cotizaciones a los autónomos y de los salarios, han supuesto un brutal crecimiento de los costes de producción, a la vez que han generado un incremento de la recaudación para el Gobierno. Esta realidad afecta tanto a la producción como a los procesos de poscosecha, manipulación y a la distribución, generando un ambiente para una tormenta perfecta. El resultado, pérdida de competitividad, inflación, crisis de producción y desabastecimiento, a lo que hay que añadir las consecuencias sociales que estas situaciones acarrean como el cierre de negocios y la pérdida de empleo, lo que supone un terrible impacto sobre el modelo agroexportador que caracteriza al sector primario de Andalucía.
En efecto, los paros y manifestación de los camioneros, por los precios de los combustibles, han supuesto una nueva incidencia en la crisis que afecta a los agricultores y ganaderos, generando un ambiente de incertidumbre que, no solo ha provocado la indignación del sector ante la situación en la que se encuentran, sino que también ha afectado a las bases de la producción primaria. El Gobierno dice que esto es causa de la guerra y propone un plan de choque con una inversión de 16.000 millones, siendo la mayoría créditos y subvenciones. Claro que el Plan Estratégico para la Igualdad de la ministra Montero, que son más de 20.000 millones, le parece necesario.
Lo triste es que se opten por soluciones que suponen mayor endeudamiento de España frente a otras más coherentes como la bajada de impuestos y la reducción drástica del gasto público; claro que eso comportaría acabar con todo el sistema de gobierno de estructura clientelar y mercenaria, a la vez que evitaría la discrecionalidad e ineficiencia de las ayudas públicas a actividades improductivas o de “pagos por servicios prestados”. Esta situación no puede prolongarse más, de ahí la necesidad de que el Gobierno de España renuncie a seguir hundiendo una economía productiva, a base de presión fiscal y lapidación de recursos con el único objetivo de mantenerse en el poder.
Es necesario que el Gobierno renuncie a seguir hundiendo una economía productiva