Coto al urbanismo salvaje en el litoral de Cádiz

● La provincia cuenta con 45.000 viviendas ilegales y zonas muy afectadas por estas construcciones realizadas sin control del PGOU

La parcelación y edificación irregular en el litoral gaditano es una lacra que la Junta de Andalucía y la Fiscalía de Cádiz se han propuesto erradicar. La voracidad de las construcciones ilegales está asfixiando, literalmente, a muchos ayuntamientos gaditanos. Por eso, las actuaciones como las que desde este martes se están llevando a cabo en El Palmar, en el término municipal de Vejer, se antoja imprescindible. Sobre esta zona en concreto hace años que puso la lupa el Servicio de Inspección de la Junta de Andalucía, al presentar una dinámica vertiginosa de construcciones ilegales en número y tiempo en un ámbito de casi 500 hectáreas.

El problema no sólo atañe a El Palmar, también se extiende por Chiclana, Barbate, Conil, Zahora, Los Caños de Meca. Calcular cuantas viviendas ilegales existen en la provincia es una tarea hercúlea. Hace un par de años, antes de la pandemia, la Consejería de Fomento calculaba en torno a 45.000 las existentes en la provincia de Cádiz. De ellas, 17.000 estarían en el área de la Bahía de Cádiz-Jerez; unas 7.000 en La Janda; 5.000 en la Bahía de Algeciras; 6.500 en la Costa Noroeste y unas 14.000 en la Sierra.

Este pasado miércoles los inspectores de la Junta de Andalucía, apoyados por agentes de la Policía Autonómica y del Seprona de la Guardia Civil, han seguido recabando información y solicitando a los propietarios de estas viviendas ilegales que aporten documentación y, como mínimo, demuestren que estamos ante su primera vivienda y que están empadronados en Vejer.

En muchos casos estos terrenos se adquieren para explotación turística, provocando un grave perjuicio a quienes sí que tienen sus viviendas regularizadas, ya sea para alquilar en periodo vacacional o como residencia habitual.

Entre las localidades más afectadas por este urbanismo salvaje en la costa se encuentra

Chiclana, cuyo caso incluso se estudia en la Universidad de Sevilla como ejemplo de caos urbanístico. El Tribunal Supremo tumbó este pasado verano el cuarto Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, el tercero de los planteamientos se anuló en 2009. Cada uno de estos planes, estiman desde Ecologistas en Acción, tiene un coste de cuatro o cinco millones. En Chiclana, según datos de Fomento, se cree que existen hasta 30.000 viviendas que se han construido al margen del PGOU. Y va a más. De hecho, el caso de Chiclana es curioso porque su extrarradio ya es más grande que la propia ciudad. En 2009 se derribó la primera vivienda ilegal en Chiclana, pero desde entonces pocas más han caído.

En El Puerto ocurre algo similar. El Tribunal Supremo anuló también el pasado mes de junio su Plan General de Ordenación

Chiclana, El Puerto, Vejer, Jerez o Barbate, entre las zonas más castigadas

Urbanístico al encontrarse una “falta de integridad” en la planificación, por haber sufrido una aprobación fragmentaria y sucesiva. El Plan iba a legalizar unas 6.000 viviendas (de las que pasaron el filtro 5.100), ahora en el limbo. Los ecologistas computan casos irresolubles en zonas protegidas o llamadas a ser zonas verdes, por ejemplo, que no caducan en los administrativo ni en lo penal, en el Pinar de Coi o en la Sierra de San Cristóbal… con expedientes abiertos desde hace veinte años. De las 50 denuncias interpuestas al respecto en El Puerto, ninguna ha llegado a la demolición.

En septiembre del pasado año, la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo pública la memoria completa de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo correspondiente al año 2020. En ella aparecían