Europa Sur

El colapso de la Audiencia lleva a 2024 el juicio de las facturas falsas de UGT-A

- Jorge Muñoz

Ya hay fecha para uno de los juicios más esperados de las macrocausa­s, que siguen colapsando las salas penales de la Audiencia de Sevilla, que tienen pendientes de celebrar 165 potenciale­s juicios derivados de estos macroproce­sos. Así, la Sección Tercera de la Audiencia ha fijado para enero de 2024 el inicio del juicio por el escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que fue elevado para su enjuiciami­ento en mayo del año pasado.

La Sección Tercera, que preside el magistrado Ángel Márquez, ha señalado el arranque de las sesiones a la ex cúpula de UGT-A para el 14 de diciembre de 2023, día que se ha reservado para la presentaci­ón de las denominada­s cuestiones previas, mientras que la vista oral comenzará tras las navidades. En concreto, la primera sesión se ha señalado para el 15 de enero de 2024 y está previsto que se prolongue hasta el 19 de junio de 2024.

De esta forma, una causa que comenzó en el año 2013 en el juzgado de Instrucció­n número 9 de Sevilla y que se vio retrasada debido a la realizació­n de

La primera sesión está prevista para el 15 de enero y puede prolongars­e 6 meses

los complejos informes periciales necesarios para el esclarecim­iento de los hechos, no llegará a juicio hasta 11 años después del comienzo de las pesquisas judiciales.

La Fiscalía Anticorrup­ción ha pedido 7 años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar, mientras que para la responsabl­e del departamen­to de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño ha solicitado cinco años de cárcel y multa de 50 millones.

Para los otros diez acusados, los proveedore­s del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros).

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