La legislatura cierra con la aprobación de 20 leyes y de 68 decretos-leyes
La crisis provocada por la pandemia y la declaración del estado de alarma justifican el elevado empleo de una figura jurídica establecida para adoptar medidas urgentes
La XI Legislatura que acaba de terminar con la disolución del Parlamento y la consecuente convocatoria de elecciones para el 19 de junio presenta como balance legislativo la aprobación de 20 leyes y la convalidación de 68 decretos-leyes, lo que supone que la proporción de decretos-leyes más que ha triplicado al de las leyes ordinarias.
Cerca de la mitad de los 68 decretos-leyes, un total de 30, se aprobaron en 2020, año del comienzo de la pandemia y de la declaración del estado de alarma, lo que confirma su uso como figura normativa para adoptar medidas urgentes ante las necesidades de la pandemia. En 2021 se aprobaron 29 decretos-leyes, lo que supone que entre 2020 y 2021 se aprobaron el 87% de estas iniciativas calificadas en el Estatuto de Andalucía como de “extraordinaria y urgente necesidad”.
El número de decretos-leyes puede sumar uno más si la Diputación Permanente convalida en su próxima convocatoria el decreto-ley 4/2022, aprobado en el Consejo de Gobierno del 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras, que desarrolla, a su vez, las medidas previstas en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.
En la información elaborada por el Parlamento de Andalucía sobre textos aprobados en la XI Legislatura, consultada por Europa Press, se constata, en la evaluación del uso del decreto-ley en cada uno de los años, que esos 68 decretos-ley aprobados se distribuyen en seis en el primer año (2019), 30 en 2020, 29 en 2021 y 3 en 2022 (incluido el decretoley 4/2022, aún pendiente).
El primer decreto-ley que aprobó el Consejo de Gobierno y debió convalidar la Cámara autonómica fue el 1/2019 que modificaba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
Entre los decretos-leyes más destacados impulsados por el Gobierno del PP y Ciudadanos destacan los relacionados con la simplificación administrativa que han modificado más de un centenar de normas y han simplificado hasta 150 procedimientos; la nueva ley del suelo (Lista) que, entre otras cosas, reduce los trámites para la aprobación de los planes de ordenación urbana, así como tres bajadas de impuestos que han afectado a las sucesiones y donaciones y al tramo autonómico del IRPF, entre otros.
En el capítulo de las leyes ordinarias, el Parlamento aprobó ocho en 2019, seis en 2020 y otras seis en 2021.
En relación a la figura del decreto-ley, se trata de una herramienta jurídica introducida en la modificación del Estatuto andaluz de 2007, cuyo artículo 110.1 lo describe como una “medida legislativa provisional” en manos del Consejo de Gobierno para supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad”. El decreto-ley no puede legislar ámbitos como “los derechos establecidos en este Estatuto, el régimen electoral, ni las instituciones de la Junta de Andalucía”, además de excluir la aprobación por decreto-ley de los presupuestos autonómicos.
En el 110.2 del Estatuto se establece la vigencia de este tipo de normas al determinar que “quedarán derogados si en el plazo improrrogable de 30 días” siguientes a su promulgación “no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad”. Del mismo modo que “durante el plazo establecido en este apartado el Parlamento podrá acordar la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”.
Tanto los decretos legislativos como los decretos-leyes supusieron en efecto dos novedades que trajo consigo el Estatuto de Autonomía de Andalucía reformado en 2007 y catalogadas tradicionalmente como fuentes de derecho estatal que han contribuido a dotar al Gobierno andaluz de nuevos instrumentos para su actividad legislativa.
El Parlamento aprobó en 2008 una resolución de la Presidencia sobre el control parlamentario de los decretos-leyes ante la previsión de que, “a lo largo de la legislatura recién iniciada –la primera en la que resultó aplicable desde un principio el nuevo Estatuto– el Consejo de Gobierno haga uso de su facultad para dictar decretos-leyes”, por lo que estimó “perentoria” regular el procedimiento de control por cuanto no había en el Reglamento del Parlamento “previsión alguna a este respecto, dada la inexistencia de dicha categoría normativa en el anterior texto estatutario”.
La ley del suelo y las tres bajadas fiscales destacan entre los decretos convalidados