Ni hubo “pacto criminal” para evitar los controles ni engaño al Parlamento andaluz
Defienden que no hay pruebas como correos o mensajes de ese supuesto acuerdo
Las defensas atacan otro de los pilares de la sentencia de “procedimiento específico” de los ERE, relacionada con el delito de prevaricación. Los abogados que representan a los ex altos cargos condenados por el delito de prevaricación, entre ellos los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, negaron que el Parlamento andaluz fuese engañado o inducido a error en el uso de las transferencias de financiación mediante las cuales se pagaban las ayudas de los ERE.
El abogado Rafael Alcácer, que defiende a Magdalena Álvarez, rechazó la pretendida arbitrariedad de los proyectos y anteproyectos de las leyes de Presupuestos que incluían dichas transferencias de financiación y, en este sentido, se preguntó cómo pueden considerarse ilegales cuando esos textos son “idénticos a las leyes de Presupuestos que el Parlamento aprobó” cada año. El letrado cuestionó que los parlamentarios andaluces desconocieran el sistema de concesión de las ayudas y que el Parlamento “pudiera caer en tan burdo engaño”.
La defensa del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, que ejerce el letrado Gonzalo Martínez Fresneda, señaló que él “nunca tuvo competencias en materia de elaboración de presupuestos y del pago de las ayudas sociolaborales”, y destacó que en la comisión general de viceconsejeros –los denominados “consejillos”– que presidía Zarrías ni se debaten ni aprueban las modificaciones presupuestarias que se realizaron en torno a la polémica partida presupuestaria 31L.
La defensa del que fuera secretario general técnico de Empleo Javier Aguado, que ejerce el letrado Adolfo Cuéllar, rechazó que exista un “pacto criminal” entre los acusados para eliminar la fiscalización previa de las ayudas y concederlas de forma arbitraria, argumento que es la “piedra angular” de la sentencia de la Audiencia de Sevilla.
El letrado señaló que para que exista ese “pacto criminal” tiene que haber una prueba de ello, ya sea mediante mensajes de “WhatsApp, correos electrónicos, pruebas testificales, etcétera” que puedan llevar a la conclusión de que se han dado “instrucciones, exigencias o recompensas para actuar de esa forma durante diez años”, pero en este caso esas pruebas no existen.
En la misma línea se ha pronunciado el abogado Manuel Salinero, que representa a la también ex secretaria técnica de Empleo Lourdes Medina, al poner de manifiesto que resulta inverosímil que los diferentes funcionarios públicos –recordó que son funcionarios, no políticos– se fueron “concertando” a lo largo de los años para mantener ese sistema de concesión de las ayudas, eso es algo “increíble y no se ha probado”, afirmó.