ESPIAR , ENCUBRIR Y NEGAR
LOS servicios de inteligencia deben cumplir tres normas elementales, según hemos aprendido en la literatura y el cine: espiar, que no les cojan y negar toda implicación si los descubren. El Gobierno ha eludido las dos últimas y vive una molesta resaca: tiene una crisis descontrolada por el jaqueo con Pegasus a los móviles de ultranacionalistas catalanes, el presidente y la ministra de Defensa. Los socios del PSOE, incluido Podemos, quieren sangre. Pedro Sánchez está más desnudo que nunca esta legislatura. No habría pasado si el presidente hubiese aprovechado el resultado de abril de 2019 para hacer un gobierno con los 180 diputados de PSOE y Ciudadanos. Pero no quisieron ni él ni Ribera. Más de uno siente nostalgia de la oportunidad perdida, que ha llevado a Cs a la irrelevancia y a la coalición de izquierdas a vivir en el alambre.
Sánchez, en su debilidad, cambia prendas. Para aprobar medidas contra la subida del coste de la vida por la guerra en Ucrania, mete a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales. (De camino, también a ERC, Junts y la CUP, y los secretos dejan de serlo). Para calmar a Marruecos en julio del año pasado entregó la cabeza de la ministra de Exteriores González Laya. Ahora, para contentar al Mohamed VI, y probablemente a Estados Unidos, les da la razón en el contencioso del Sahara y se indispone con Argelia. Va arreglando los circuitos con empalmes y sustitución de fusibles. El ultranacionalismo catalán, feliz en su victimismo, pide que rueden ¡todas las cabezas! con un entusiasmo propio de Robespierre.
A Sánchez le parece excesivo entregar a la ministra de Defensa para salvar la estabilidad de su Gobierno. Pero tanto su endeble ministra portavoz como el titular de Presidencia dejaron esta semana en el aire la continuidad de Paz Esteban como directora del CNI. Es la cabeza-fusible más a mano, después de que admitiese que ha espiado a 18 secesionistas catalanes, incluido el actual presidente Pere Aragonés. Y a todo esto, nadie pone el foco en NSO, empresa israelí fundada por antiguos militares y agentes del Mosad, que afirma que sólo vende su software a gobiernos. Como si todos los gobiernos fuesen democráticos y ninguna agencia privada, por ejemplo ellos mismos, pudiese utilizar el programa para violar derechos civiles.
En julio del año pasado, una investigación del Washington Post, junto a otros medios y Amnistía Internacional, desveló que se habían espiado 50.000 móviles de políticos, incluidos jefes de estado; periodistas, activistas de derechos humanos y altos cargos de empresas de todo el mundo con el programa Pegasus. En la lista estaban el presidente Macron, la ministra González Laya, el periodista Ignacio Cembrero, especialista en el Magreb; el diputado autonómico de ERC Ernest Maragall, y el presidente del Parlamento catalán Roger Torren. Ahora el Gobierno suma al elenco a Sánchez y Robles. Verán como Marruecos sí cumple con la norma y lo niega todo.