¿Comprará el Supremo la teoría del ‘club’ de los ERE?
sin ninguna vinculación política, se habrían concertado para ejecutar un fraude en la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas que, y esto es muy relevante, se habría mantenido nada más y nada menos que durante una década. Las defensas se han afanado en poner de manifiesto que no hay ninguna prueba sobre ese supuesto “pacto criminal” en el que habrían participado al menos los 19 ex altos cargos condenados, pero ese proceso debía implicar la connivencia de centenares de personas en esos diez años.
En esta teoría hay algo que colisiona con la lógica. Aun dando por bueno a efectos dialécticos que los 19 ex altos cargos estuvieran en el ajo, que fueran “conscientes” de las “patentes ilegalidades” –como sostienen los fiscales del Supremo–, no había nadie, ni uno solo entre ese centenar de personas, que dijera “basta”, que no fuera corrupto y denunciara esas ilegalidades si eran tan evidentes y groseras. Esto es algo a lo que después de 11 años que se han cumplido el caso de los ERE desde el inicio de la instrucción, la celebración del juicio durante un año y los 1.821 folios de la sentencia, sigue sin haberse dado una respuesta razonable.
¿Y qué dice el proyecto de sentencia que ha elaborado el ponente de los ERE? Esa es otra de las cuestiones que aún no han trascendido, pero de las que ya empiezan a circular rumores en los mentideros judiciales y recuérdese que el rumor es la antesala de la noticia, como decía el periodista José María García. Y aunque el rumor no siempre acaba confirmándose, lo que sí está claro es que hay algunas fuentes que ya apuntan que el magistrado Eduardo de Porres, que recordemos que es el juez que en principio ha hecho un estudio exhaustivo de la causa, habría propuesto a la Sala la desestimación de los recursos de casación de los 19 ex altos cargos.
Eso supondría la confirmación de todas las condenas, incluidas las de los nueve ex altos cargos que se están jugando su ingreso en prisión, tras haber sido condenados a penas de entre seis y ocho años de cárcel. Es el caso del ex presidente de la Junta José
Antonio Griñán, que fue condenado a seis años, y de los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo; los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Pero ese proyecto de sentencia, no tiene por qué acabar siendo la decisión definitiva de la Sala, puesto que en la fase de deliberación que ahora se ha abierto, los otros cuatro magistrados introducir en la fase de deliberación todos los cambios que estimen necesarios en ese borrador del fallo elaborado por el magistrado Eduardo de Porres.
En función de la intensidad de esas deliberaciones, la sentencia definitiva estará antes o tardará más tiempo en hacerse pública, porque es evidente que la Sala intentará alcanzar una decisión unánime, en la que no haya discrepancias que provoquen la emisión de algún voto particular por alguno de los cinco miembros del tribunal.
Como quiera que el fallo que se tome en la pieza del denominado “procedimiento específico” de los ERE tiene un marcado carácter político, la sentencia no se conocerá hasta después de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio,
Tras la vista para la exposición de los recursos, los
siguiendo el criterio no escrito del Alto Tribunal de no intervenir en los procesos electorales. Y en función de cómo vayan esas deliberaciones, del acuerdo entre los cinco jueces respecto a la decisión definitiva, la sentencia podría conocerse en el mes de julio o, en caso de que el debate sea más intenso de lo que pueda parecer inicialmente, la decisión podría retrasarse más tiempo, hasta después de las tradicionales vacaciones de la Justicia del mes de agosto. Si el fallo se retrasa hasta otoño sería una evidencia de que hay debate interno en la Sala, que no todos los magistrados serían partidarios de la desestimación de todos los recursos de casación de los 19 ex altos cargos.
En la vista celebrada esta semana los abogados de la defensa se afanaron precisamente en combatir la acusación más grave, la del delito de malversación, que es la que lleva aparejadas las pe
cinco magistrados inician la deliberación que puede