Sánchez salva el primer escollo de la Ley de Seguridad Nacional gracias al PP

● ERC y JxCat coinciden en acusar al Gobierno de presentar una iniciativa que vulnera las competencias autonómicas ● Los populares recuerdan que no es un cheque en blanco

La reforma de la Ley de Seguridad Nacional que el Gobierno ha llevado a las Cortes superó ayer su primer obstáculo gracias a un apoyo condicionado del PP, que con su voto en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y JxCat permitió que el texto pueda tramitarse. Una reforma que se afanó ayer en defender en el Pleno del Congreso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pero que a tenor de las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, incluido el del socio del Gobierno, Unidas Podemos, no terminó de complacer.

Se trata de una reforma de la ley que se aprobó en 2015 con el Gobierno del PP y que fue avalada por el Tribunal Constitucional, pero que ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido modificar para que en situaciones como las que se han vivido recientemente, como la pandemia o la guerra de Ucrania, el Estado tenga un instrumento legal para tomar medidas y hacer frente a esas crisis.

Bolaños, al igual que ya defendió el Gobierno cuando se aprobó el proyecto en Consejo de Ministros, insistió en que el texto solo es

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una modificación “puntual” de la ley de 2015 y que únicamente –según explicó– quiere garantizar que los recursos estratégicos sean los adecuados y dotar al Estado de herramientas para que pueda anticiparse a las crisis y le ayude en la toma de decisiones.

La propuesta del Gobierno permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis y otorga al presidente del Ejecutivo algunas competencias que los grupos censuraron en el debate de ayer.

Incluido el PP. Su diputado Juan Antonio Callejas dejó claro que permitir la tramitación no es un cheque en blanco, por lo que pidió al Gobierno que vayan de la mano para negociar artículo por artículo del proyecto. Una ley con la que, según Callejas, “el señor Pedro Sánchez puede confiscarte tus bienes y obligarte a que realices prestaciones y servicios sin ningún tipo de compensación económica y quedando todo al albur del señor presidente”.

Precisamente, por obligar a los ciudadanos a prestar algunos servicios en caso de crisis que afectan a la seguridad nacional, la oposición entendió que vulneraba derechos constitucionales y que, por tanto, esta iniciativa debería tramitarse como ley orgánica y no como proyecto de ley.

A este pero se sumaron los de casi todos los grupos, incluido el de Unidas Podemos, aunque en este caso menos contundente. Los que presentaron las enmiendas a la totalidad (ERC y JxCat) coincidieron en acusar al Gobierno de presentar una iniciativa que vulnera las competencias autonómicas, por más que Bolaños insistiera en que precisamente en este asunto la norma no cambia y la cooperación de las comunidades está garantizada.

No lo ve así el PNV. Mikel Legarda resumió su opinión de esta manera: el texto “no se amolda bien” al estado territorial ni a las policías integrales de Cataluña y Euskadi. Menos contundente fue Ismael Cortés, de Unidas Podemos, aunque defendió que la seguridad nacional debe definirse a través de mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades, a la vez que pidió que el esquema que se diseñe tenga “debidamente en cuenta” las competencias de cada escenario.

El resultado del debate ya lo avanzó a primera hora la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en los pasillos de la Cámara. Su grupo iba a votar en contra de las enmiendas a la totalidad, pero intentaría negociar sus propuestas en la tramitación de la ley, entre otras cosas porque en esta crisis por el caso Pegasus “más que nunca se necesita seguridad nacional”. Y es que el espionaje del Pegasus y el cese de la ya ex directora del CNI, Paz Esteban, se colaron en el debate justo poco antes de que la sustituta de la destituida, Esperanza Casteleiro, tomara posesión.

Por otro lado, Podemos y partidos nacionalistas e independentistas como ERC registraron en el Congreso una nueva petición para crear una comisión de investigación sobre espionaje, centrada esta vez en aclarar la existencia de un “entramado parapolicial” y mencionando de pasada Pegasus.