Archivan la investigación sobre la adjudicación del AVE a La Meca

● Anticorrupción no puede acreditar la comisión de un delito de corrupción en los pagos de las millonarias comisiones

La Fiscalía Anticorrupción archivó las diligencias preprocesales abiertas en 2018 relativas a las comisiones de hasta 80 millones de euros presuntamente irregulares cobradas en relación con el AVE a La Meca, al no acreditarse la comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales.

Según el Ministerio Público, el jefe de Anticorrupción aprobó la propuesta formulada por el fiscal del caso, Luis Pastor, de archivar esta investigación preliminar, ya que no se encontraba judicializada, sino en una fase anterior. Pastor concluyó que los elementos que tiene la Fiscalía tras la investigación “son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios”.

Explicó que, atendiendo a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, los indicios con los que cuenta no avalarían una querella que permitiera superar la fase preprocesal que representan las diligencias del Ministerio Público.

Pastor relató que dicha investigación “ha estado dirigida a tratar de dilucidar si por parte de las compañías españolas, integrantes del consorcio adjudicatario de las obras del AVE a La Meca, se ha realizado algún pago o compensación a funcionarios o autoridades del Reino de Arabia Saudita que hubiera facilitado la adjudicación de las obras”.

Cabe recordar que en estas diligencias se investigaban los contratos, pero no a Juan Carlos I, ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad al ostentar entonces la Jefatura del Estado.

Las diligencias se abrieron tras el hallazgo de una conversación en la que la empresaria alemana Corinna Larsen, entonces amiga íntima del Rey emérito, hablaba con el ex comisario José Manuel Villarejo sobre el pago de comisiones por empresas españolas “para el tren” por unos 80 millones de euros, abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y éste, a su vez, le habría dado todo o parte al Emérito.

Esta investigación discurrió en paralelo a las diligencias que mantuvo abiertas casi dos años Anticorrupción a don Juan Carlos y que archivó en marzo. Una se refería al supuesto cobro de 64,8 millones por intermediar en la construcción del tren de alta velocidad MedinaLa Meca. El fiscal no encontró vinculación entre ese ingreso y la adjudicación, ni que estuviese relacionado con comisiones.