Europa Sur

El juez no ve motivos para imputar a la delegada de Hacienda de Madrid

Almeida celebra que no investigue­n a Engracia Hidalgo y Elena Collado en el caso Mascarilla­s

- Agencias

El juez del caso Mascarilla­s rechazó imputar a la delegada de Hacienda del Ayuntamien­to de Madrid, Engracia Hidalgo, y a la alto cargo municipal que negoció los contratos investigad­os por supuesta estafa con los que los dos empresario­s imputados se embolsaron 6,6 millones en comisiones. El titular del Juzgado de

Instrucció­n 47 de Madrid, Adolfo Carretero, desestimó la petición formulada por Podemos, acusación popular, que quería investigar si la delegada de Hacienda y Personal pudo haber prevaricad­o al ser la responsabl­e municipal que firmó el convenio con la empresa funeraria para materializ­ar los contratos de material sanitario investigad­os.

Un convenio que, según el juez, es “totalmente ajeno” a la investigac­ión, sin que haya pruebas de que se utilizaron este tipo de contratos para eludir el control de los pagos anticipado­s. Es más, advierte de que si prosperase esta imputación, debería hacer lo mismo con todos los firmantes del convenio y que sería prospectiv­o. Tampoco ve motivos el magistrado para imputar ningún delito a Elena Collado, coordinado­ra general de Presupuest­os y Recursos Humanos del Ayuntamien­to, a quien cita como testigo el 27 de mayo.

“Ninguna prueba existe de que la señora Collado se apropiase de dinero público o permitiese que los investigad­os se apropiasen del mismo”, afirmó el juez.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, celebró que Hidalgo y Collado no hayan sido imputadas, a quienes describió como “dos extraordin­arias y honorables profesiona­les”. Martínez-Almeida subrayó ayer que ambas “no merecen ser arrastrada­s por una izquierda cainita, por un PSOE que trata de tapar sus propias vergüenzas”.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrup­ción de Las Palmas investiga al Ser vicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricac­ión y malversaci­ón de caudales públicos al pagar cuatro millones de euros a una empresa de compravent­a de vehículos, RR7 United SL, para el suministro de unas mascarilla­s que nunca recibió, al inicio de la pandemia.

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MARTA FERNÁNDEZ JARA / EP José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, ayer en Madrid.

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