Jugar al trile con el CNI
● El Gobierno desveló el espionaje a Pedro Sánchez para justificar la destitución de la directora del CNI ● La salida de Paz Esteban llega un año después de conocidos los hechos ● ERC, a la espera de salvar el plazo de 15 días para impartir un 25% de horas en castellano en los colegios
CUANDO no se explican los porqués de una destitución política hay al menos dos motivos: porque no hay causas reales o porque obedece a motivos espúreos. En realidad, las dos opciones se resumen en una: no se atreven a decir la verdad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha puesto creativa y ha transmutado lo que viene siendo una destitución de toda la vida en una “sustitución”, como si el primer acto –cesar, destituir, apartar del cargo, apiolar– no implicara la segunda acción, que es la de sustituir la cabeza cortada por una nueva que se sostenga sobre los hombros. Es inaceptable en un Estado de Derecho que un Gobierno prescinda de la máxima responsable del espionaje sin argumentarlo. No conviene perderse en la innovación semántica de la ministra. Lo relevante es saber por qué Paz Esteban ya no es presidenta del CNI. Si no lo explican dan vía libre a la especulación. Lo único y más parecido a una explicación son las palabras del presidente en el Congreso aludiendo a “un fallo claro de seguridad”.
Si Esteban es el diezmo que el Gobierno entrega a ERC para expiar las presuntas culpas del espionaje a líderes independentistas, entre ellos al presidente Aragonés, es inmoral y la mayor señal de debilidad que ha emitido hasta ahora el Gobierno: si entregan a la jefa de los espías, qué no hará el Ejecutivo en el futuro. Si tenemos en cuenta que el espionaje de los 18 casos reconocidos se hizo con autorización judicial la responsabilidad se desvanece, aunque nos falta conocer cómo se motivó la petición y qué argumentos utilizó el juez para autorizarla. Si destituyen a la directora del CNI por el fallo de seguridad que permitió intervenir el teléfono del presidente y algunos ministros –la lista crece a diario–, es injustificable porque en realidad corresponde a Presidencia del Gobierno el protocolo sobre la seguridad del móvil del presidente. El Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, se limita a ejecutar el control decidido en Moncloa. Pero es que además es imposible de justificar sabiendo que hace un año que conocían esa falla en la seguridad. ¿La destituyen con un efecto retardado de un año? No se trata por lo tanto de que tenga o no explicación, es que el desenlace tiene una explicación pésima y desalentadora.
AQUELLA COMPARECENCIA DE BOLAÑOS…
Ya sabemos algo más de aquella atolondrada conferencia de prensa de Bolaños –sin respuestas al quién y el cómo– convocada a las 07:00 del 2 de mayo festivo madrileño. Aquel acto fallido en el que el ministro reveló que el teléfono del presidente y de la ministra de Defensa habían sido intervenidos y espiados por el sistema Pegasus. Pese a que lo sabían hacía 12 meses aún desconocían o no explicaron el alcance del espionaje y la autoría. Lo que ahora sabemos es que fue un ardid para señalar a la directora del CNI por esa grieta en la seguridad del Estado y preparar su “sustitución” con ese argumento –no declarado–, cuando en realidad se trataba de aplacar a ERC. Eso es lo que hacen los trileros con la bolita y los tres cubiletes en las puertas de los mercados.
Procede saber también cuáles son los argumentos del juez del TS para autorizar las escuchas. Seguramente arrojen luz y no precisamente a favor de los independentistas. Hemos sabido esta semana que Puigdemont se reunió con un emisario del Kremlin un día antes de la declaración unilateral de independencia. Al parecer, los rusos ofrecieron apoyo militar y económico a la nonata república catalana. Quizás por eso, Pedro Sánchez sólo entregará esa información si lo decide otro juez. Para colmo, la voracidad independentista sólo está en los entremeses del festín. El independentismo se alimenta de mitos y engorda con el victimismo. A ese propósito sirven igual las balanzas fiscales de MasColell para demostrar la iniquidad del Estado español con los catalanes, o que el medieval sistema político español impidiera un referéndum de independencia, incluso el bien engrasado mantra del “España nos roba”; o, como ahora, que el CNI haga su trabajo.
Pero, en todo caso, este asunto es un desastre se mire por donde se mire. Todo mal. Mal interpretado desde el principio, sin intuir y/o manejar sus múltiples consecuencias. Otro tormentón político y desgaste a tres bandas: entre ministros del PSOE, entre los ministros del PSOE y los de UP y entre el PSOE y los grupos que lo apoyan en el Parlamento. Eso sin contar que le han dado al PP la coartada que esperaba para dejar en suspenso la renovación del CGPJ y sacar la munición gruesa, aunque en realidad Feijóo dice lo mismo que vienen diciendo desde 24 horas después de constituirse el Ejecutivo: que España no se merece este Gobierno. Y pese a todo, igual están segando demasiado verde
quienes dan por acabada esta legislatura. En resumen: todo mal gestionado, ejecutado y decidido. Incluida esa licencia de Pedro Sánchez de llamar “mangantes” a los integrantes del último Gobierno del PP. Mal van las cosas cuando un presidente del Gobierno se abona al lenguaje tabernario y en sede parlamentaria.
LO QUE LE PREOCUPA DE VERDAD A ERC: EL 25% DE CLASES EN CASTELLANO
ERC, que si se mira bien, tampoco tenía excesivo interés en romper del todo con el Gobierno, recupera oxígeno entregándole a sus más acérrimos antiespañolistas, que aunque no lo parezca hay gradaciones, la cabeza de toda una directora del CNI. Pero el Gobierno catalán tiene a la vista un desafío de magnitud que sobrepasa sus líneas rojas. La justicia ha dado un plazo de 15 días a la Consejería de Educación de la Generalitat para aplicar sin dilación la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en los colegios públicos catalanes. La Generalitat no es que remolonee, es que ha operado directamente contra la aplicación de la sentencia ordenando a los centros que no cambien su programación. El Govern ha aprobado un decreto que deja la aplicación en manos de los centros, que podrán aplicar un criterio sin mayores justificaciones respecto a cuantas horas de español necesita cada centro atendiendo al uso del español en su entorno. La norma permite esquivar ese 25% en las asignaturas troncales permitiendo colocarlas en otras “problemáticas curriculares”. Además, han aprobado, con el apoyo del PSC, una reforma de la Ley de Política Lingüística para reforzar la inmersión lingüística, cuya aplicación actual ha sido desautorizada por los tribunales.
LA ALTA INSPECCIÓN DEL ESTADO: DOS PERSONAS
La Alta Inspección del Estado, un cuerpo dependiente del Ministerio de Educación, que sólo cuenta con dos inspectores en Cataluña para 3.414 centros públicos, es la responsable de garantizar la aplicación de las medidas y el control de las mismas. No sólo es una plantilla insuficiente, es que además no pueden hacer el trabajo de control en los colegios porque la ley reserva esa competencia a los gobiernos autonómicos.
Esa Alta Inspección, por cierto, podía haber sido mucho más eficaz en tareas preventivas si los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP –que mantuvieron pactos con CiU en diferentes etapas– hubieran tenido interés o no hubieran aceptado cortapisas.
En cualquier caso, la competencia de controlar la ejecución de la sentencia corresponde al Gobierno. En ello debe andar pensando ERC. No se olvide lo fundamental: se trata de garantizar el derecho constitucional de los alumnos a educarse en castellano además de en catalán, que dado el uso supremacista que han hecho de él ya no necesita quién lo proteja.
EL LARGO CAMINO DEL CATALÁN
El catalán arrastra una larga historia de vetos y prohibiciones, desde la instrucción de Felipe V hasta la sentencia del intelectual falangista Ernesto Giménez Caballero: “Vamos a reducir el catalán a un oscuro diálogo entre payeses”. La normalización comenzó en 1978, cuando se abrió la posibilidad de utilizarlo como lengua vehicular. El modelo casi se cerró con la sentencia del TC de 1994 en la que se establecía que el catalán era “el centro de gravedad” del sistema educativo y se negaba a los padres el derecho a elegir lengua vehicular siempre
que no se excluyera el castellano. Años después el Parlamento catalán trató de blindar la inmersión lingüística –una ley que no fue recurrida por el Gobierno de Aznar, entonces en feliz pacto con Pujol sellado con cava en el Majestic– a la vez que el ministro Wert trataba aquellos años de diluir la enseñanza del catalán entre el castellano y el inglés.
ESPAÑOLIZAR A LOS NIÑOS CATALANES
Posiblemente, la inmersión lingüística fue en su origen una buena idea. Organizaciones internacionales libres de sospecha lo han aplaudido como modelo de éxito. Pero no se trata de las leyes sino del uso que se hace de las mismas. Cada intento de convertir el catalán en una trinchera ideológica –el ex ministro Wert llamó a “españolizar” a los niños catalanes– ha rearmado siempre la lógica del independentismo. Éste era un debate que requería finura, templanza e inteligencia. Tres atributos ausentes en la política española hace ya demasiado tiempo. Y sobraba la judicialización, la politización de las lenguas y su uso como arma arrojadiza. Exactamente lo que tenemos sobre la mesa. Y seguro que ERC está esperando a que Pedro Sánchez con sus dos inspectores les alivie de cumplir la sentencia judicial.