La Audiencia juzga la ayuda a Lolita Canalla en el sexto juicio de Invercaria
● La Fiscalía reclama seis años de cárcel para el ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo por conceder a la textil tarifeña un préstamo de 100.000 euros por “pura liberalidad y arbitrio”
El sexto juicio de la macrocausa de Invercaria arranca el próximo miércoles en la Audiencia de Sevilla, donde se analizará la ayuda de 100.000 euros concedida a la empresa textil Lolita Canalla y que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue concedida por “pura liberalidad y arbitrio” del que fuera presidente de la sociedad pública andaluza de capital riesgo y principal imputado Tomás Pérez-Sauquillo.
En este juicio, que tuvo que ser suspendido en enero pasado porque la administradora de Lolita Canalla, María Malo Feijoo, que reside en Bali había dado positivo en Covid, se sientan en el banquillo tres acusados. El Ministerio Público reclama seis años de prisión y 20 años de inhabilitación para Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que los otros dos acusados, a los que el fiscal considera inductores de los delitos mencionados son la administradora de Lolita Canalla, María Malo Feijoo, e Ignacio Jarillo Aldeanueva, jefe de publicidad y comunicación de la empresa, quienes se enfrentan a una petición de dos años y medio de prisión y 11 de inhabilitación. Ignacio Jarillo, según recoge el fiscal, era la persona encargada de las gestiones y conversaciones con Invercaria para la consecución del préstamo, además de elaborar la documentación que se entregó y quien mantenía las reuniones con sus responsables.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía solicita que los tres acusados indemnicen “conjunta y solidariamente” con 100.000 euros a la agencia Idea.
La empresa Lolita Canalla se constituyó el 12 de julio de 2005 en Tarifa (Cádiz) y está dedicada al diseño, confección y venta de textil y complementos.
Lolita Canalla tenía préstamos con entidades por valor de 1.194.000 euros y el 19 de julio de 2009 recibió un crédito de Invercaria por 100.000 euros “sin que hasta la fecha se haya pagado cantidad resultante del mismo”. Para la concesión de este préstamo, se aportó un plan de negocios e innovación por la mercantil y un informe de riesgo de la entidad Axesor, pero la Fiscalía explica en su escrito de conclusiones que del examen de las declaraciones de liquidación tributaria “puede observarse cómo la mercantil disminuía progresivamente tanto su valor como sus ventas, hasta el punto de que en 2008 liquidó por concepto de IVA 47.016,07 euros”, y en 2009 depositó cuentas fuera de plazo y se encontraba en “causa legal de disolución” a la fecha de solicitar el préstamo.
Para la concesión del crédito, prosigue la Fiscalía Anticorrupción, no se realizó ni propuesta de inversión y “ni un solo informe positivo” por parte de Invercaria, debiéndose dicha concesión “a la pura liberalidad y arbitrio de Tomás Pérez Sauquillo”, quien actuando aún dentro de sus facultades, “faltó de modo patente” al procedimiento descrito en el plan director 2005-2008 de Invercaria y sin que fuera un proyecto escalable, tal y como se denominaba en la entidad a los proyectos propios de capital riesgo”.
Según el Ministerio Público, tampoco fue “aprobado o informado siquiera por los departamento de Invercaria, como el comité de dirección e inversiones”.
De hecho, la acusación pública señala que el entonces director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos –que declarará como testigo en este proceso–, “nunca” realizó análisis del proyecto de Lolita Canalla, y ni siquiera lo consideró como apto para una inversión en el mismo, “de acuerdo con la tipología de entidades a los que iba dirigida la ayuda pública”.
En el relato de hechos, la Fiscalía señala que el 5 de febrero de 2009 Cristóbal Cantos, acompañado de una empleada de Invercaria, acudió a Tarifa a las instalaciones de la empresa, donde fue recibido por María Malo e Ignacio Jarillo, mientras que el 12 de mayo se produjo una nueva reunión, en esta ocasión en Invercaria, donde quedaron “patentes las necesidades de efectivo de la empresa además de que la situación de la crisis económica estaba agravando su relación con los proveedores”. En esta segunda reunión, prosigue, se entregó un plan de negocios, aportado por Jarillo, que “si bien contenía un documento tipo Power Point con diversas fotografías y presentación de la empresa, no contenía análisis financieros como tal, ni plan de negocios”.
El préstamo que Pérez-Sauquillo decidió dar a Lolita Canalla “no era participativo, modalidad usual con la que Invercaria invertía en terceras sociedades, tenía una duración de cinco años y un vencimiento el 29 de julio de 2014, con un año de carencia”.
El crédito fue concedido el 29 de julio de 2009 pero no fue hasta el 10 de diciembre de ese mismo año cuando a Cristóbal Cantos le llegó una “segunda versión del documento presentado por Lolita Canalla como plan de negocios y donde en éste sí constan proyecciones financieras y plan como tal”, por lo que el fiscal concluye que no fue hasta esa fecha cuando se incorpora el plan de negocios, cuando la ayuda ya había sido concedida.
El 29 de enero de 2010 se faltó al primer pago del vencimiento y en enero de 2013, ante el impago de las cantidades totales por parte de la mercantil “en todas sus cuotas”, Invercaria instó la reclamación del capital e intereses ante los juzgados de Algeciras.
La Fiscalía dice asimismo que a fecha de la decisión del ex presidente de Invercaria y la concesión del préstamo y debido a la situación económica, “la mercantil estaba en causa de disolución”.
El Ministerio Público sostiene que se otorgó la ayuda “sin un solo informe positivo”
La empresa aportó “un Power Point” que “no contenía análisis ni plan de negocios”