El Gobierno blinda el aborto en la sanidad pública y amplía los derechos sexuales
● Montero defiende que la nueva norma, con un coste de 104 millones, garantiza que la mujer decida sobre su propio cuerpo
El Gobierno aprobó ayer al anteproyecto de la ley del aborto, que reforma la legislación vigente para blindar este derecho en la sanidad pública y otros sexuales y reproductivos de la mujer, como incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social.
Ésta, precisamente, ha sido una de las medidas que más debate ha abierto en los últimos días sobre una ley que acaba con el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria, un requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la norma vigente de 2010. La ministra de Igualdad, Irene Montero, apuntó ayer que las medidas incluidas tendrán un coste aproximado de 104 millones.
Una ley, que según dijo, garantiza el derecho de la mujer “a decidir sobre su propio cuerpo” y que es “la puerta de entrada” a otros derechos, como al trabajo, a la participación política y permite que puedan vivir mejor y desarrollar sus proyectos de vida.
La norma, que será tramitada de urgencia con lo que los pasos se acortarán a la mitad, amplía la actual y acaba con los “obstáculos” a los que se enfrentaban las mujeres que querían interrumpir su embarazo. La sanidad pública será “la red de referencia” para abortar, y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.
La ley hace hincapié en que los centros donde puedan abortar las mujeres estén lo más cercano posible a su domicilio en función del método que elijan (quirúrgico o farmacológico).
Incluye el derecho la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer. Fuentes de Igualdad explicaron que para acceder a este derecho, en el historial clínico de la mujer debe constar que padece de este problema a través del especialista, para que el médico de familia pueda conceder la incapacidad. Esta medida que tendrá un coste asociado de 23,8 millones. “Se acabó empastillarse antes de ir al trabajo y ocultar que tenemos un dolor que nos incapacita”, abundó la ministra.
Asimismo, la ley incluye el derecho a la incapacidad temporal en la semana 39 del embarazo, con un coste de 57 millones, y también por aborto, con un coste de 7,5 millones.
El anteproyecto amplía el acceso gratuito de la píldora del día después de los hospitales y centros de salud a los centros de nueva creación de salud sexual y reproductiva. La educación sexual estará presente de forma obligatoria en todas las etapas desde la primera infancia. Además, la ley considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirán a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España y prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas.