Bahía Competitiva en 10 claves
● Desvío de fondos, entramados societarios, injerencias políticas... La causa por el fraude de las ayudas Reindus entraña una extrema complejidad a la que se suma la losa del paso del tiempo
Inyectar dinero público para impulsar la reindustrialización de la Bahía de Cádiz, que se llevó un varapalo (al que después siguieron otros tantos) con el cierre de la planta de Delphi. Con esa vocación llegaron hace más de diez años las ayudas Reindus a la provincia gaditana de la mano de dos administraciones, Ministerio de Industria y Junta de Andalucía. Sin embargo, transcurrida más de una década, esas subvenciones han terminado siendo objeto de una investigación judicial que pretende esclarecer qué se ha hecho, o más bien, qué no se ha hecho con 14 millones de euros de fondos públicos en el tejido empresarial gaditano.
PRINCIPALES IMPLICADOS
Tal y como sostiene la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, encargada de dirigir la investigación, los principales imputados en la trama que supuestamente desvió 14 millones de euros de fondos públicos son el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, Joaquín de Arespacochaga y su padre Juan de Arespacochaga, ex alcalde de Madrid. Para la jueza, los tres fueron los responsables de dirigir una organización criminal, integrada por una veintena de personas, con la que lograron obtener de manera ilegal subvenciones procedentes del Ministerio de Industria y de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía.
Asimismo, la jueza Lourdes del Río señala a Antonio Perales, ex director del Plan Bahía Competitiva, órgano dependiente de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía. Del Río estima que Perales mantuvo una estrecha relación con Ouviña y que, a partir de ahí, interfirió “a su antojo” en la concesión de subvenciones a favor del empresario gallego, “haciendo y deshaciendo sin ningún criterio técnico” en la comisión encargada de aprobar o denegar las ayudas.
EMPRESAS INSOLVENTES
Según la instructora, el empresario Alejandro Dávila Ouviña realizó una serie de actividades ilícitas con la finalidad de conseguir un desorbitado montante económico de ayudas públicas procedentes del Ministerio de Industria y de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía. Para ello, creó un conjunto de empresas que carecían de solvencia económica y a través de las cuales falsificó documentos dirigidos a justificar proyectos que no habían comenzado.
ALCALÁ DE LOS GAZULES
Una vez obtenidas las ayudas, afirma la jueza, Ouviña confundió parte de ellas con su propio patrimonio para apropiarse del dinero. Otra parte la destinó a la compra de un gran polígono industrial en Alcalá de los Gazules con el objetivo de especular con el mismo. Y una última parte de esas ayudas públicas la invirtió en fondos de inversión para sacar unos intereses cercanos a los 16 millones de euros.
CÁDIZ SOLAR CENTER
El auto que pone fin a la instrucción del caso explica que Alejandro Dávila contactó con Juan Arespacochaga para adquirir de forma conjunta el control del plan más importante de todos, el de la entidad Cádiz Solar Center, que supuestamente iba desarrollarse en las antiguas naves de Delphi de Puerto Real. Cádiz Solar obtendría una ayuda pública del Ministerio de Industria de 7.500.000 euros para la primera fase, a desarrollar en el año 2009, y de 3.500.000 de euros para la segunda fase, a ejecutar en el año 2010, consiguiendo, por tanto, un total de 11 millones de euros. Según la magistrada, Alejandro Dávila y Juan Arespacochaga emitieron una serie de facturas falsas para acreditar que el proyecto se estaba ejecutando y así evitar el reintegro de las subvenciones. En el mismo año 2010, especifica el auto judicial, Alejandro Dávila obtuvo también de Industria otros 2.100.000 euros para la empresa Aquandalucía, un proyecto previsto en la Zona Franca de Cádiz, y 2.400.000 euros para Soluciones Tecnológicas Ambientales, otro proyecto en El Puerto de Santa María.
FONDOS DE INVERSIÓN
A criterio de la jueza instructora, Ouviña no destinó esta importante suma de dinero a los planes empresariales previstos, sino que se quedó con parte del dinero y otra parte la desvió a fondos de inversión, a la constitución de nuevas empresas aparentando ficticiamente una solvencia económica inexistente y a la compra de un polígono industrial no subvencionable en la localidad de Alcalá de los Gazules. Las nuevas empresas que se constituyeron con dinero procedente de Cádiz Solar Center, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales solicitaron a su vez millonarias ayudas públicas para el año 2011 con la finalidad de destinar el dinero a fondos de inversión particulares.
DESLOCALIZACIÓN
A finales del año 2010 y principios de 2011, dice la jueza instructora, Dávila Ouviña y Juan Arespacochaga se pusieron en contacto con Joaquín Arespacochaga, inspector de Hacienda en excedencia con grandes conocimientos financieros, que por entonces se dedicaba a crear estructuras societarias en países como Luxemburgo, Suiza y Leinchestein para empresarios españoles. Dávila y los Arespacochaga decidieron que las empresas que ya habían obtenido las ayudas públicas deberían pasar a estar controladas mayoritariamente por Juan y Joaquín a través de una estructura societaria deslocalizada y formada por sociedades con sede en Luxemburgo que, a su vez, estaban formadas por sociedades con residencia en Panamá que, a su vez, estaban formadas por sociedades con capital social en las Islas Niu, Samoa, Gibraltar, Madeira... y así sucesivamente, hasta llegar el punto de no poder saber quién era el titular real de las mismas.
PANAMÁ
Así se fue fraguando lo que terminaría con la constitución de lo que ellos llamaron Grupo Kreation, el cual estaría compuesto por un total de 15 sociedades: Alcornocal Kork, Future Way, Jellyfish Fishing, Sidermetalux, Soluciones Tecnológicas Marbatec, Tecnología Solares del Noroeste, Plasma Technologies, Tecmargal, Cádiz Solar Center, Plasma Center, Bioenergy Park, Industria Tecnología del Tomo, Soluciones Tecnológicas Ambientales, Tecnología del Tolomo y Aquandalucía. La mayoría de dichas sociedades habían sido creadas con la colaboración del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.
PERALES
Todo este entramado, argumenta Lourdes del Río, se fue cuajando “por la relación que mantenía en ese momento Alejandro Dávila con Antonio Perales, director del Plan Bahía Competitiva”. La magistrada subraya el papel destacado que tenía Antonio Perales en el procedimiento de concesión de las ayudas, pues, aunque la obtención de la subvención de Reindus le correspondía formalmente al Ministerio de Industria, el informe técnico –base de la concesión– dependía de una comisión formada por dos técnicos de la Diputación de Cádiz, uno del Plan Bahía Competitiva y otro de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, “comisión en la que Antonio Perales interfería a su antojo, haciendo y deshaciendo sin ningún criterio técnico”.
LOS ARESPACOCHAGA
El abogado Joaquín Arespacochaga, hijo de Juan Arespacochaga, ex alcalde de Madrid, ya tuvo relación con la provincia de Cádiz: a mediados de los 90, se embolsó 850 millones de pesetas por la venta del poblado de Sancti Petri al Ayuntamiento de Chiclana. Según pudo saber este medio, un buen día, el propio Arespacochaga contactó con Dávila Ouviña al que, de inmediato, encomendó una labor: dar con el político adecuado. Ese resultó ser Antonio Perales.
SIN FECHA DE JUICIO
Tras diez años de gestión, el caso Bahía Competitiva aún no tiene fecha de juicio. La instrucción acabó hace año y medio pero los recursos planteados por varios de los investigados y la respuesta que deben ofrecer a estos los órganos jurisdiccionales, dejan la causa en una maraña de trámites que no permiten vislumbrar a corto plazo la celebración de la vista oral.