Vox, Cs y PP tratan de frenar la aprobación de la ley del catalán
● El ‘Parlament’ tramita la norma una semana antes de que expire el plazo del TSJC
Vox, Cs y PP llevarán la proposición de ley sobre el catalán en las aulas al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), lo que podría impedir que la norma quedara aprobada antes del 31 de mayo, fecha límite para ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano.
El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, anunció ayer que ha planteado a Cs y PP llevar la ley ante este órgano para “frenar” su aprobación mañana, y fuentes de ambos partidos ya han afirmado que secundan la propuesta. Hasta ahora, Vox había rechazado recurrir al CGE, que considera que debe cerrarse: “Sin embargo, estamos ante un momento urgente”, defendió Garriga, que cree que esta es la única vía para forzar al Govern a explicar cómo cumplirá con el 25% de castellano.
Además, acusó al PSC de haber pactado con el independentismo para acallar las críticas sobre el espionaje de Pegasus: “El señor Illa hoy se ha entregado de facto al separatismo y ha renunciado al título que tiene en esta Cámara de presidente de la oposición”.
El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, tachó la ley de trampa y aseguró que, tras su petición al CGE, el PSC y los partidos independentistas “el martes no tendrán ni siquiera su bodrio de ley como excusa para impedir el 25% de español”. “Frenamos este atropello nacionalista y frenaremos los que vengan, siempre a pesar del PSC”, añadió el dirigente del partido naranja.
Los grupos pueden presentar la petición de dictamen al CGE
“Frenamos este atropello nacionalista, siempre a pesar del PSC”, dice Carrizosa
hasta hoy, puesto que el plazo de dos días para pedirlo empieza a contar desde que la iniciativa se publica en el Boletín Oficial del Parlament (Bopc) –lo que ocurrió el martes–, tras lo que la Mesa deberá estudiar y resolver sobre su admisión a trámite.
Fuentes de Cs explicaron a Europa Press que prevén presentar la petición hoy para entrar dentro del plazo, teniendo en cuenta cómo se computa.
Según la ley del CGE, están legitimados para pedir un dictamen sobre una iniciativa de este tipo dos grupos parlamentarios, una décima parte de los diputados o el Govern. Una vez la Mesa acepte la petición, quedará paralizado el trámite parlamentario, con lo que la votación ya no podrá celebrarse mañana a las 12:30 como estaba previsto, y se abrirá entonces un plazo de siete días hábiles para que el CGE redacte su dictamen.
Previamente, el Parlamento catalán había aprobado la tramitación con la máxima urgencia de la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, con el rechazo de Vox, Cs, PP y, por motivos muy distintos, la CUP.
PSC, ERC, Jxcat y En Comú Podem alcanzaron el martes un acuerdo para impulsar una nueva ley que prevé reafirmar el catalán como “lengua vehicular” en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de “uso curricular”, sin fijar porcentajes y dejando margen de decisión a los centros educativos.
El acuerdo llegó justo una semana antes de que expire el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fijó el 31 de mayo como fecha límite para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer el 25% de clases en castellano.
En la sesión de control en el Parlament, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, negó que la nueva ley represente “un ataque al poder judicial”, sino que responde al principio de “separación de poderes”. “Las leyes las hacen los parlamentos, no los tribunales. Los tribunales aplican las leyes que aprueban los parlamentos”, argumentó.
El ministro de Cultura, Miquel Iceta, no ve ningún problema en el acuerdo alcanzado en el Parlament, en el que se dice “claramente que tanto el castellano como el catalán van a ser lenguas curriculares”.