Frontal oposición de la matriz en un tenso consejo de la filial
● La operación sale adelante por el voto de calidad de López-bravo y con el no de los consejeros que representan a la propiedad
El consejo de administración de Abenewco 1, la filial del grupo Abengoa de la que cuelgan todos los activos y negocios, aprobó en la noche del martes, en una larga y muy tensa sesión, aceptar la oferta de Terramar Capital LLC, para que ésta se haga con el 70% de su capital, siempre y cuando el Gobierno acuerde conceder la ayuda de 249 millones de euros solicitada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que administra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Es la segunda vez que este consejo se pronuncia a favor del rescate financiero planteado en torno a la oferta del comisionista, y como en la primera, fue necesario el voto de calidad del presidente no ejecutivo de Abenewco 1, Juan Pablo
López-bravo Velasco, para que se aprobase la propuesta. La aprobación contó también con la autorización del administrador concursal de Abenosa SA, EY Abogados, que está alineado con los directivos que defienden la opción Terramar.
Y como en noviembre pasado, se hizo necesario el voto de calidad porque los tres consejeros de la matriz, Abengoa SA, que también lo son de la filial Abenewco 1, se opusieron frontalmente a esta operación, que consideran perjudicial para el futuro de la compañía y para los accionistas que representan, entre ellos el Estado español, que es precisamente el que más acciones detenta individualmente
–algo más del 3,5%–, a los que se les arrebataría su propiedad. Además, también se oponen porque al separar Abenewco 1 de Abengoa, esta empresa estratégica dejaría de ser española, ya que además del 70% que se quedaría Terramar, el 30% restante pasaría a manos de varios fondos de inversión que detentan las deudas financieras del grupo –esencialmente el New Money 2 (NM2) y el Senior Old Money (SOM), KKR y Blue Mountain, entre otros.
Fuentes conocedoras de la operación señalaron que el consejo estuvo en todo momento liderado por el director jurídico de la compañía, que no es consejero, Mario Pestaña Sartorius, mientras que López-bravo se mantuvo la mayor parte del tiempo en silencio, hasta el momento de pronunciarse previamente a la votación y para dejar constancia que el empate a tres votos de cada parte se resolvía a favor de quienes apoyan a Terramar por su voto de calidad.
Tanto Pestaña como López Bravo tienen incluidos en sus contratos con la compañía, firmados mientras formaban parte del consejo de la matriz (el primero como secretario no consejero y el segundo como presidente ejecutivo, puestos que ocuparon hasta octubre pasado), cláusulas que les garantizan cuantiosos pagos si la operación de Terramar se ejecuta. En concreto, el contrato de prestación de servicios por el que Pestaña desempeña sus funciones como director jurídico prevé un pago de 300.000 euros si se produce la reestructuración financiera que acompaña a la oferta de Terramar.
Además de esos pagos, diversos asesores externos, firmas de consultoría y de abogados, también cobrarían comisiones de éxito que en total se acercan a los 30 millones de euros.
Mario Pestaña percibirá 300.000 euros si la reestructuración se lleva a efecto