Culminación de un proceso investigado como delictivo

Si el Gobierno de España acuerda conceder la ayuda de 249 millones de euros solicitada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que administra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por seis filiales del grupo Abengoa, culminará un largo proceso con tres reestructuraciones financieras y que tendrá como resultado la liquidación de la sociedad cotizada y que la empresa pase a estar controlada por fondos extranjeros.

En realidad, lo que ahora se pretende hacer en el contexto de un concurso de acreedores, no es más que lograr los mismos efectos que preveía la tercera reestructuración financiera planteada en 2020, que resultó fallida, fundamentalmente por la negativa del poder político (el Gobierno se negó a hacerla sin que participase la Junta de Andalucía).

Ese proceso consistió en dos reestructuraciones financieras que están siendo investigadas como supuestamente delictivas, en virtud del criterio expuesto por la Fiscalía Anticorrupción, que apreció indicios de administración desleal, delito contra el mercado, delito societario y estafa.

De hecho, la información trasladada ayer al regulador bursátil basa la ruptura societaria del grupo Abengoa en los instrumentos convertibles aprobados en esos rescates que, como demostró la investigación periodística hecha por este diario, sólo benefició a los acreedores, pues nunca llegó la financiación al grupo, al que sí le cargaron comisiones e intereses por 400 millones de euros.

Precisamente, los informes encargados por la SEPI para avalar o no la concesión de la ayuda recelan de la legalidad y las consecuencias judiciales que tendría romper el grupo y liquidar Abengoa SA.