Balance de legislatura
● La Junta ha sostenido las finanzas públicas y avanza en regeneración institucional pero su política fiscal tiene menos efectos de lo que se pregona
EL autoproclamado Gobierno del cambio debía discurrir por cuatro autopistas y esquivar con dignidad algunos terrenos pantanosos para sobrevivir en minoría frente a una mayoría que prometía dificultades. Las autopistas apuntaban a una transformación profunda de la economía que debía desembocar en una mejora de la competitividad: fiscalidad, equilibrio financiero de la Junta de Andalucía, reforma de las instituciones y digitalización. Quedaba como flanco más débil el bloque de las políticas de bienestar. Sanidad, educación y políticas sociales prometían convertirse en el frente preferido por los ataques de la oposición para debilitar al gobierno. La complicidad con Vox en la investidura de Moreno Bonilla auguraba un periodo particularmente conflictivo en materia de inmigración y violencia de género y la coalición de gobierno acordó dejar la responsabilidad en manos de Ciudadanos. También dejó la de Educación, un terreno inestable en el que la actividad sindical es particularmente intensa, pero tan deficientemente gestionado por gobiernos anteriores, que había hecho de Andalucía residente habitual en la cola de los rankings de calidad. Con la sanidad ocurría algo parecido. Conflictividad en las calles y deficiente estado de salud del conjunto del sistema, según la mayoría de los indicadores, incluidos los de gasto público en salud por habitante.
Existía un entorno difuso favorable a la renovación tras los gobiernos de baja intensidad de Susana Díaz. Su primera legislatura terminó en fiasco con la ruptura por desconfianza de la coalición con IU y la segunda se difuminó entre sus esfuerzos por hacerse con la secretaría general de su partido frente a Sánchez y con el control del mismo en Andalucía frente a Espadas, el preferido por Madrid. La promesa de cambiar profundamente las cosas encontraba terreno abonado para arraigar y se convertía en muro infranqueable frente al principal grupo de la oposición, estigmatizado por los malos resultados de la gestión anterior. Estas circunstancias apenas sirvieron, no obstante, para superar los primeros obstáculos a la investidura, porque los imprevistos no tardaron en presentarse y lo hicieron en el pantanoso terreno de las políticas de bienestar.
La crisis de la listeriosis (carne mechada) fue un anticipo de la pandemia que serviría para encumbrar al consejero Aguirre como el principal activo de gestión del gobierno, pero también para poner a prueba la capacidad real de resistencia del nuevo modelo de bienestar. Las circunstancias obligaron a reorganizar recursos y prioridades y el resultado fue una movilización general de voluntades y solidaridad para afianzar el sistema de salud, mantener en pie la educación y afrontar la avalancha repentina de demandas de asistencia social. El eslabón más débil de la estructura política recién levantada, el nuevo sistema de bienestar, acabó por convertirse en el eje central de la acción de gobierno, pero existía otra dimensión de la crisis, la económica, que había quedado inicialmente relegada a un segundo plano tras un falso, pero acalorado, conflicto de prioridades entre salud y economía. El PIB andaluz se había desplomado un 19,9% durante el primer trimestre de 2020 y un 8,6% en el conjunto del año y el turismo entraba en catalepsia con todos sus miembros en tensión, pero paralizados, como muchas empresas y puestos de trabajo.
La maquinaria asistencial que se puso en marcha obligó a romper planteamientos previos en diferentes materias, sobre todo en la financiera, y a cuestionar el cumplimiento de los ambiciosos compromisos para cambiar las cosas. Pese a todo ello, el ejercicio de 2020 consiguió cerrarse con un ligero superávit del 0,07% del PIB y con una reducción del endeudamiento en algo más de mil millones de euros, aunque en términos relativos aumentase del 21,5 al 24% del PIB, debido a la fuerte contracción de este. El resultado es que las finanzas públicas consiguieron sostenerse en plena pandemia. El déficit solo aumentó hasta el 0,19% del PIB en 2021, mientras que la deuda pública se redujo en casi un punto, gracias a la decisiva contribución de las ayudas de estado y europeas, que también permitió resultados similares en otras comunidades autónomas.
El aparato propagandístico del gobierno se ha centrado, no obstante, en la rebaja de impuestos. La curva de Laffer funciona (se puede recaudar más bajando los impuestos), se ha repetido insistentemente durante toda la legislatura y promete continuar durante la campaña electoral, pero lo cierto es que sus efectos sobre la presión fiscal y sobre la competitividad de las empresas han sido mucho más reducidos de lo que se pregona. Conviene recordar, sin embargo, que el esfuerzo fiscal (relación entre presión fiscal y renta per cápita) de los andaluces sigue siendo de los más elevados de España.
También existe un cierto clima de frustración en torno al compromiso de reformas institucionales. La promesa de cierre de “chiringuitos” y del final de los privilegios injustificados levantaron amplias expectativas que no se han visto completamente satisfechas, si bien resulta obligado reconocer dos avances importantes. El primero, el final de la concertación con sindicatos y
De modo inesperado, el sistema del bienestar ha sido el eje central de la acción del Gobierno
patronal de las políticas económicas, por la que ambas organizaciones conseguían introducirse en los entresijos del poder con absoluta opacidad y muy pobres resultados reales. El segundo, la simplificación administrativa para la creación de empresas. Se han modificado 80 normas que imponían trámites innecesarios, pero todavía estamos lejos del nivel óptimo debido, fundamentalmente, a la persistencia de los obstáculos en el nivel municipal.
Avanzar hacia una sociedad digital era el cuarto y último objetivo identificado en nuestra reflexión y los resultados pueden considerarse espectaculares, aunque gracias, sobre todo, a las exigencias de adaptación impuestas por la pandemia, el confinamiento y el teletrabajo. La mayoría de los datos que permiten comparar los avances con otras comunidades están todavía anclados en 2019, pero algunos indicadores de intensidad tecnológica indican que la brecha con España en la penetración de banda ancha se encuentra prácticamente cerrada (68,9 frente a 70%) y que el porcentaje de personas con habilidades digitales aumenta y se sitúa en 39,2%, todavía a una cierta distancia de España (43,7%), aunque cada vez menor.
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