El conflicto lingüístico se enquista con más denuncias al ‘Govern’
Arrimadas censura al ‘conseller’ de Educación y lo tilda de “matón” por “coaccionar” a los colegios
El conf licto lingüístico se enquista en Cataluña, con un Govern escudado en el nuevo decreto para evitar porcentajes de enseñanza de las lenguas oficiales en las escuelas y nuevas acciones judiciales de Ciudadanos y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para denunciar el incumplimiento de la sentencia del 25% de enseñanza en castellano.
Desde ayer, todas las escuelas e institutos catalanes deben empezar a impartir el 25% de materias en castellano, como indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ordenar la ejecución forzosa de su propia sentencia. Sin embargo, en la víspera de que terminara el plazo, la Generalitat pidió al TSJC que declarara la “imposibilidad legal” de aplicar la sentencia que impone un 25% de castellano en las escuelas, esgrimiendo que el decreto que aprobó el lunes el Govern, sin porcentajes para las lenguas, supone un nuevo “marco legal” que impide su ejecución. En un desayuno informativo, el
conseller de Educación, Josep Gonzàlez-cambray, se reafirmó ayer en que el objetivo de este nuevo marco legal es evitar “aberraciones judiciales y pedagógicas” como la sentencia del TSJC y garantiza que la responsabilidad jurídica de los proyectos lingüísticos recae “plenamente” en la consellería. Cambray, además, reiteró que la voluntad de su departamento no es aumentar las horas lectivas en castellano sino que en los colegios de Cataluña “se imparta y se hable más catalán que ahora”.
La AEB alertó de que la Generalitat no puede decidir “unilateralmente” que ya no puede aplicar una sentencia por un nuevo decreto que ha pronosticado que “no va a parar en modo alguno” el mandato que dio el TSJC. Esta entidad reclamó al tribunal que requiera directamente a los directores de los centros a fin de que den cumplimiento a la sentencia.
Cs acudió a la Fiscalía para denunciar el “incumplimiento” de Cambray, a quien la líder del partido, Inés Arrimadas, calificó de “matón” por “coaccionar” a los directores de centro y las familias, a raíz del decreto “fake” aprobado por el Govern sobre el uso de las lenguas en las escuelas. En paralelo, Vox se sumó a PP y Ciudadanos para hacer un frente común contra el decreto ley sobre el catalán y lo recurrirán tanto al Tribunal Constitucional como al Consejo de Garantías Estatutarias.