Abengoa eleva la presión al Gobierno exigiendo una respuesta de la SEPI ya
● Sindicalistas afines a la dirección de Abenewco 1 envían burofaxes a Presidencia, cuatro ministras y la presidenta del órgano gestor, ante el creciente temor a que se niegue el rescate
Los comités de empresa afines a la dirección general de Abenewco 1, la filial que concentra el empleo y el negocio del grupo Abengoa, dieron ayer un paso más para presionar al Gobierno y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el envío de un burofax a Presidencia, las ministras de Asuntos Económicos, Industria, Trabajo y Hacienda, así como a la presidenta del organismo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Belén Gualda, en el que exigen “una respuesta y una explicación concreta e inmediata de la situación del bloqueo” de la solicitud de la ayuda pública de 249 millones de euros.
Esos mismos órganos sindicales ya habían convocado medidas de presión contra el Gobierno para esta semana y la próxima, en plena campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía.
En las últimas horas, en el seno del grupo Abengoa se ha acrecentado el temor a que la SEPI deniegue o no responda antes del plazo máximo del 30 de junio sobre la solicitud que en principio presentó Abenewco 1 y que ahora se tramita para las seis filiales que organizan los verticales del negocio: Abengoa Agua, Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Solar España, Abengoa Operación y Mantenimiento e Instalaciones Inabensa.
Este temor se acrecienta ante las reiteradas informaciones sobre que los informes elaborados por los asesores de la SEPI en este expediente dudan tanto de la capacidad del grupo Abengoa para devolver el dinero que se otorgaría, como de las dudas legales que plantea la ruptura societaria que supondría aceptar la oferta del comisionista estadounidense Terramar, que separaría a todo el grupo de la matriz histórica Abengoa SA.
Esos informes anticipan problemas legales que ya existen. No sólo porque hay una querella instruyéndose en Sevilla, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de los de Sevilla por considerar indiciariamente delictivas, según la Fiscalía de Delitos Económicos, las reestructuraciones financieras previas que permitirían la ruptura del grupo mediante instrumentos de deuda convertibles en acciones de las filiales, sino porque decenas de accionistas han advertido en redes sociales que actuarán contra los funcionarios de la SEPI si se consuma una operación financiera que les haría perder toda su inversión.
Los seis burofaxes remitidos por una parte de los comités de empresa del grupo, sin que conste que hayan informado al resto de representantes sindicales, están dirigidos al director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero –de la que depende la SEPI–; a la ministra de Industria, Reyes Maroto, y a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.
El texto común de esos burofaxes reiteramos la solicitud de ayuda a la SEPI, “en vista de los cortos plazos de los que se dispone para avanzar en la operación de Abenewco1 (Grupo Abengoa) y su rescate”, en referencia a que el plazo concluye el próximo día 30. Un portavoz oficial de la SEPI declinó ayer hacer comentarios sobre el expediente, que reiteraron que es confidencial.
“Los trabajadores necesitamos una respuesta y una explicación concreta e inmediata de la situación del bloqueo de dicha solicitud”, exige la comunicación, que da por hecho que la SEPI está frenando la resolución del expediente.
Estos representantes de los trabajadores, que otras fuentes de la plantilla recuerdan que siempre actúan en coordinación con el directo general de Abenewco y consejero de esta sociedad, Álvaro Polo, reiteran que los trabajadores del grupo Abengoa viven una “grave situación e incertidumbre” que padecen “desde hace más de un año todos los trabajadores de la compañía y el riesgo en el que se está exponiendo a los puestos de trabajo”.
Dichos sindicalistas son abiertos defensores de la solución que propone Polo y otros directivos
Los informes de los asesores dudan de que se devuelva el préstamo y la legalidad del rescate
afines, como el director jurídico, Mario Pestaña, quien tiene asegurado un pago de 300.000 euros si se consuma este rescate.
“Por ello –añade cada burofax–, solicitamos de manera expresa y urgente que se resuelva favorablemente el expediente de solicitud al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, solicitado en marzo de 2021, y con ello poder salvar a esta gran compañía estratégica y vital para la industria de Andalucía, de España y sus 11.000 puestos de trabajo, aparte del empleo indirecto que genera.