Anticorrupción archiva la investigación del contrato del hermano de Ayuso

● La Fiscalía no ve indicios de delito en el material sanitario adquirido por el Covid ● La presidenta pide la dimisión de toda la izquierda

La Fiscalía Anticorrupción archivó la investigación abierta en torno al contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que este cobró 59.203 euros. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, adoptó esta decisión en un decreto en el que señala que la investigación practicada permite descartar la existencia de delito en la compra de mascarillas a la empresa Priviet Sportive S.L., y en el que destaca que la presidenta regional “no ha intervenido en el procedimiento” porque el Consejo de Gobierno “no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid”.

Archiva, por tanto, sus diligencias, centradas en delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, pero no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la

UE y cohecho, “en escrupuloso respeto” de las competencias de la Fiscalía Europea, que mantiene abiertas su propia investigación.

En plena crisis interna del PP que acabó con la salida de Pablo Casado de su dirección, los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) denunciaron ante Anticorrupción la contratación de emergencia realizada por la Consejería madrileña de Sanidad el 1 de abril de 2020 para la compra de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros a Priviet, en la que supuestamente habría intermediado el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso.

Cuatro meses después, la Fiscalía no sólo no ve indicios de delito en el contrato, sino que afirma que la “hipótesis delictiva” planteada por los denunciantes respecto a la presidenta regional “se fundamentaba en una secuencia de hechos” de la que “no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo” ni de su “responsabilidad”.

Y tampoco en relación a su hermano, quien, en su declaración del 6 de abril, ofreció “una explicación coherente sobre su intervención” en la venta de mascarillas, un relato que “no queda ensombrecido por las hipótesis” de los denunciantes, que “no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas” ni “permiten avanzar” en “una tesis inculpatoria”. Luzón ve “transparente” el proceso de “facturación, el pago y el cobro de la comisión”.

Ayuso aseguró ayer que la Fiscalía ha archivado el caso del contrato de las mascarillas relacionado con su hermano porque en la Comunidad de Madrid “no hay ni ha habido corrupción”, y pidió la dimisión de toda la izquierda por “el uso torticero de la Justicia”. “Llevan 20 veces contadas que me han llevado a los tribunales y 20 veces que la Justicia ha dicho que son todo falsedades”, dijo.