EL SECUESTRO DE LA DEFICIENTE LEY ELECTORAL
NUESTRA ley electoral hace aguas por todas partes. Dice la Constitución que los votos de los españoles/as son libres e iguales. Simple desiderandum. Como tantos otros artículos constitucionales es preciso examinar las leyes de desarrollo para ver el exacto calado y alcance de las exigencias de la Constitución. Y es el caso que la legislación electoral convierte en desiguales y maniatados nuestros votos depositados en las contiendas electorales. Las listas electorales son cerradas y bloqueadas: no podemos cambiar el orden de los candidatos de la lista del partido que escogemos para meter en la urna (bloqueo de la lista); tampoco podemos seleccionar a candidatos de varios partidos (cierre de la lista). Permiten los cambios otros sistemas electorales. El nuestro, no.
Tampoco son iguales nuestros votos. El voto tiene un valor relativo según a quién se vote y desde dónde se vote. Una serie de factores inf luyen en la desigualdad del voto: principalmente la pequeñez de la circunscripción electoral –la provincia–, la “gracia” dispensada a todas las provincias con dos escaños iniciales, con independencia los escaños correspondientes a su población, beneficiando a las provincias pequeñas, la injusta ley D’hondt en el recuento de los votos, que reduplica los votos de los partidos más votados, la forma de reparto de los restos de votos, que benefician a los grandes partidos. Consecuencia de la conf luencia de esta serie de factores es que el voto de quien vota a partido ganador en una pequeña provincia puede valer tres veces o más que el voto de quien vota a un tercer o cuarto partido estatal en una provincia grande como Madrid o Barcelona. Vean a título de ejemplo lo que les ha costado a los partidos políticos andaluces obtener un escaño en las recientes elecciones.
Los grandes partidos están muy cómodos con una ley que les beneficia. Un partido es una máquina electoral. Su único interés es conseguir el poder y mantenerlo si ya lo poseen
Al primer clasificado, PP, que obtuvo 1.576.592 votos y 58 escaños, le ha costado el escaño 27.182 votos. Al último clasificado, Adelante Andalucía, que obtuvo 167.237 votos y dos escaños, le ha costado el escaño 83.618 votos. Vean la enorme diferencia entre ambos. A Adelante Andalucía le ha costado el escaño tres veces más que al PP.
¿Solución para la mejora de nuestro sistema electoral? Si nuestra ley electoral adolece de la falta de libertad y de igualdad del voto, se impone actuar en ambos sentidos.
Primero, convirtiendo a las listas electorales en listas abiertas y desbloqueadas, para facilitar de esta manera nuestras preferencias a la hora de emitir el voto. Es lastimoso ver a los electores acudir a las urnas maniatados, porque únicamente pueden votar una lista de un partido político y en el orden de los candidatos que nos ofrecen la lista. Ellos, los partidos políticos, nos lo dan todo bien cocinado… a su gusto, no al nuestro.
Segundo, la reforma del sistema electoral para que se produzca una proporcionalidad entre los votos emitidos y los escaños ocupados por cada partido. Actuaciones en las siguientes fisuras, tomando como ejemplo el Congreso de los Diputados:
Respecto a la fórmula de asignación de escaños sustituir la regla D’hondt por la regla Sainte-lagüe, que aumentaría los escaños de los terceros-cuartos partidos a nivel del Estado, siendo en general más proporcional. Comporta dividir el número total de escaños del Congreso por secuencias de números impares (1, 3, 5, 7) en lugar de todos los números (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
En relación con la circunscripción electoral, su ampliación territorial, sustituyendo la provincia por la comunidad autónoma, que igualmente aumentaría la proporcionalidad. Cuanto más extensa es la circunscripción electoral más proporcionalidad existe. El problema de esta propuesta es que exige una reforma constitucional, ya que el art. 68.2 de la Constitución señala a la provincia como circunscripción electoral.
Respecto al número de diputados, pasar de 350 a 400 diputados en el Congreso de los Diputados, que es el techo posible, puesto que el art. 68.1 de la Constitución establece una franja de 300 a 400 diputados, y de esta forma se ampliaría también el índice de proporcionalidad.
En cuanto al mínimo de diputados por circunscripción electoral, pasar de 2 a 1 el mínimo exigido, lo que supondría que las pequeñas provincias no estuvieran sobre-representadas.
Los grandes partidos están muy cómodos con una ley que les beneficia. Un partido es una máquina electoral. Su único interés, aunque nos engañen con buenas palabritas, es conseguir el poder y mantenerlo si ya lo poseen. ¿Reformar la ley electoral? Ni a soñar. Ellos, los grandes partidos, han secuestrado la ley electoral.