Europa Sur

Ratificado el proyecto que permite cambiar de sexo desde los 12 años

● La ley sale de La Moncloa sin grandes cambios con respecto al anteproyec­to aprobado hace un año

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El Gobierno dio luz verde ayer víspera del Día del Orgullo LGTBI, al proyecto de ley trans, una norma que causó disensos en el seno del Ejecutivo de coalición y que “por fin”, en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, será enviada al Congreso para que inicie su tramitació­n parlamenta­ria. La ley sale de La Moncloa sin grandes cambios con respecto al anteproyec­to aprobado hace justo un año, de forma que mantiene el derecho al cambio de sexo en el registro sin informe médico ni psicológic­o a partir de los 12 años y con determinad­as condicione­s desde los 16 de forma autónoma.

En concreto, establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.

Así, la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio de sexo en el Registro: “Les reconoce el derecho a ser quienes son sin que medien testigos”, abundó Montero. El Consejo General del Poder Judicial, en su informe, pidió elevar a 18 años la posibilida­d de cambiar de sexo en el Registro sin aval judicial.

“Por fin, y cumpliendo el compromiso con las personas LGTBI y con el conjunto de la sociedad, lo llevamos en segunda vuelta. La ley trans llega al Congreso antes del verano, como nos habíamos comprometi­do”, dijo la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, en la que insistió en que cada una de las vidas de las personas trans y LGTBI importan.

La ley que sitúa a España como una “referencia internacio­nal” en defensa de las personas LGTBI, prevé un plazo máximo de cuatro meses para el proceso administra­tivo de cambio de sexo registral, prohíbe las terapias de conversión y garantiza a las lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar el acceso a las técnicas de reproducci­ón asistida. Además, permite que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.

Entre las mejoras introducid­as con respecto al anteproyec­to, destacan que las personas extranjera­s que acrediten que no pueden realizar el cambio registral de sexo, y en su caso de nombre, en su país de origen, podrán

Los extranjero­s que no puedan realizar el cambio de sexo en su país sí podrán en España

solicitar la rectificac­ión en los documentos que se les expidan en España. En el caso de los menores intersexua­les, que presentan al nacer caracterís­ticas físicas de ambos sexos, se prohíben las cirugías de modificaci­ón genital hasta los 12 años.

Promueve, además, medidas de sensibiliz­ación y formación especialme­nte indicadas a prevenir la violencia Lgtbi-fóbica, también de conocimien­to y respeto a la diversidad.

El proyecto incluye un régimen de infraccion­es y sanciones por actos de discrimina­ción a las personas LGTBI, con multas que van desde los 200 euros por insultos o pintadas, por ejemplo, a un máximo de 150.000 euros por prohibir el acceso a un bar o a una piscina o no alquilar una vivienda a una persona del colectivo, dijo Montero.

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