El obituario de las macrocausas sigue creciendo
● Muere la ex delegada de Empleo en Granada Marina Martín siete años después de que fuera imputada por Alaya en los cursos de formación
La muerte de la ex delegada de Empleo de Granada Marina Martín sin que se haya resuelto su investigación en las irregularidades en los cursos de formación hace que siga creciendo el obituario de las macrocausas, personas que han fallecido antes de que estos macroprocesos finalicen y, por tanto, cuando no se ha podido determinar sobre su inocencia o culpabilidad.
En la macrocausa de la formación también falleció, en diciembre pasado, el empresario y ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés , como consecuencia de una grave dolencia por la que llevaba hospitalizado varias semanas.
Son ya una veintena las personas que han fallecido en los últimos años a la espera de que se concrete su imputación o se archive su caso. Una de las últimas muertes fue la del empresario José Luis Manzano, que estaba imputado en una de las piezas de la macrocausa de Invercaria, que falleció el 30 de abril de 2021 a causa del coronavirus, una enfermedad que se complicó con otras patologías previas. José Luis Manzano, de 65 años, fue el primer investigado que fallece en esta macrocausa sin llegar a ser juzgado, y a quien la Fiscalía Anticorrupción había solicitado una condena de dos años y medio de cárcel por su etapa como presidente de Cedes Electria.
La mayor mortalidad se ha dado, evidentemente, en la macrocausa más voluminosa, la de los ERE, donde el número de imputados supera el medio millar. El último fallecido en el caso de los ERE fue precisamente el principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que murió el 11 de octubre de 2020.
Desde que la juez Mercedes Alaya arrancó en el año 2011 la instrucción de este macroproceso, en el que hay más de 500 personas investigadas, han fallecido más de 15 personas que no han llegado a la celebración del juicio.
Estas muertes se deben en su práctica totalidad a causas naturales, dado que muchas de estas personas tenían ya cierta edad cuando se acogieron a los procesos de prejubilaciones que, más de 15 años después en algunos casos, están siendo investigados por la Justicia. No obstante, hubo un caso en el que uno de los fallecidos fue víctima de un asesinato, ocurrido en Sevilla.
En los ERE también falleció el empresario jerezano José María Ruiz Mateos, quien había sido citado a declarar como investigado en el año 2014 por la juez Mercedes Alaya, por supuesto tráfico de influencias en los cinco ERE de las empresas de su grupo en Andalucía. La juez también imputó a algunos de sus hijos, pero José María Ruiz Mateos nunca llegó a declarar en el juzgado por el caso de los ERE. Ruiz Mateos no acudió a declarar, alegando que había sufrido un deterioro en su estado de salud y, al final, su muerte se produjo en septiembre de 2015.
En enero de 2016 falleció el empresario de la Sierra Norte José Enrique Rosendo, a quien la Guardia Civil y la juez habían considerado como uno de los integrantes del "tándem" que –con José María Sayago– recibió de la Consejería de Empleo subvenciones por importe de más de 34 millones de euros. Su padre, Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla), la localidad de la que también fue regidor Javier Guerrero, falleció dos años después, en noviembre de 2018.
Resulta curioso cómo además muchos de los fallecidos se concentran en la Sierra Norte de Sevilla, una de las zonas que según la investigación judicial fue una de las más beneficiadas por las ayudas de los ERE, por la vinculación con esta zona del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero.
Otras personas relacionadas con las ayudas a empresas de la Sierra Norte que han fallecido antes de ser enjuiciados son Manuel Romero Álvarez, Manuel Fuentevilla Valverde y José Montesinos Cabrera.
En los primeros años de la investigación de esta macrocausa, en diciembre de 2015, también se produjo la muerte de Francisco Mencía Morales, que fue director del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo que se encargaba del pago de las ayudas a través de las transferencias de financiación que recibía de la Consejería de Empleo y que la sentencia del primer juicio de los ERE ha considerado “ilegales”.
En el camino de esta larga instrucción también ha fallecido José Antonio García Prieto, un ex concejal del PSOE de Camas (Sevilla) que había percibido pólizas de prejubilaciones de tres empresas en las que no había trabajado.
En la lista de difuntos que estuvieron investigados también está Antonio Arquero García, un amigo de Javier Guerrero que cuando fue a declarar en el juzgado aseguró que con los 314.000 euros que percibió de una "renta de supervivencia" que le había sido concedida se quitó la hipoteca que pesaba sobre su piso y arregló su casa en la localidad de El Pedroso.
También ha fallecido Mariano Martínez Fernández, un conocido del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, que había sido trabajador de la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y fue incluido en el ERE de Fuente Obejuna, por el que percibió 120.000 euros.
Una veintena de personas han fallecido a la espera su imputación o el archivo de su causa