La SEPI formaliza la negativa del Estado a prestar 249 millones a Abengoa
● Las alegaciones de la compañía no desvirtúan los riesgos ya señalados para declararla no elegible por no tener viabilidad a medio y largo plazo ni capacidad para devolver la ayuda pública
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como gestora del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, formalizó ayer la denegación al grupo Abengoa de la ayuda pública de 249 millones de euros porque las filiales solicitantes no cumplen los requisitos para ser consideradas elegibles.
La decisión se comunicó por la tarde a Abengoa, lo que supone la resolución del expediente abierto en el Fondo. Era lo esperable, después de que este lunes el Consejo de Ministros no hubiese aprobado la ayuda en su última reunión previa a la extinción de la vigencia del Fondo, el 30 de junio. Esto es, mañana jueves.
Fuentes conocedoras del proceso de tramitación del mismo señalaron que las alegaciones presentadas al informe de conclusiones que adelantó el lunes este mismo diario no han desvirtuado las contundentes razones que expone para considerar no elegible a las seis filiales de Abengoa. Posteriormente, la propia SEPI confirmó la noticia adelantada poco antes de mediodía por este diario.
Este informe, que “se basa en los informes y escritos de los asesores jurídico, PKF Attest, y financiero, Grant Thornton”, detalla en 11 páginas hasta 18 conclusiones para proponer al consejo gestor del Fondo que no se declare elegible, aunque las razones principales confluyen en dos: que no está demostrada la viabilidad a medio y largo plazo y que no se garantiza la devolución de los 249 millones de euros.
Las cuantías solicitadas por las seis filiales eran: Abengoa Energía solicita 87,5 millones en un préstamo participativo y otros 44,8 en un crédito ordinario; Abener Energía 48,8 y 5,8; Abengoa Agua 21,2 y 20,3; Instalaciones Inabensa 3,1 y 2,9; Abengoa Operación y Mantenimiento 3,7 y 3,6; y Abengoa Solar España las mismas cantidades que la anterior. En total, 168 millones en préstamos participativos y 81 en préstamos ordinarios que suman el global de 249 millones.
El documento ponía en duda que lo que el grupo denomina el “perímetro SEPI”, las seis sociedades que recibirían la ayuda, pueda quedar aislado de forma estanca respecto al resto del grupo, tanto por arriba (Abenewco 1, Abenewco 2 bis, Abenewco 2 y
CITA EN LA ALCALDÍA. Los trabajadores del Grupo Abengoa mantienen sus movilizaciones tras la negativa formal de la SEPI a dar la ayuda pública y la cancelación de la compañía de la tercera reestructuración.
La compañía tomará decisiones en un consejo de su filial convocado mañana
Los empleados protagonizaron una manifestación desde la plaza de España, donde algunos están acampados, hasta el Ayuntamiento de Sevilla, donde les recibió el alcalde, Antonio Muñoz.
Abengoa SA) como por abajo, donde hay más de 300 sociedades filiales de las que recibirían la ayuda pública.
De manera prolija, el informe explicitaba una serie de consideraciones de los asesores.
Respecto del asesor financiero, advertía de acontecimientos que podrían impactar en ese “perímetro SEPI”, como litigios por valor de 943 millones de euros, sin incluir costas o interés, que podrían suponer incrementarlos en un 30%. Además de que existen 162 millones reclamados extrajudicialmente, reclamaciones por deuda de las sociedades del perímetro Abenewco 1, la ejecución de nuevos avales del grupo Abengoa y de Abenewco 1, y posibles incumplimientos en las filiales beneficiadas. Grant Thornton también puso en duda aspectos del Plan de Viabilidad respecto a la certeza de la cartera de contratación y la facturación que esta originaría. Así, señala que el 80% de la facturación de 2023 correspondería con “contratación futura”, lo que implica un “riesgo elevado” de cumplimiento del plan. También le parece poco creíble que la contratación vaya a duplicar en ese ejercicio.
Un riesgo de gran importancia que señala el asesor financiero es que el auditor del grupo ha obligado a deteriorar los créditos de las filiales de Abenewco 1 y contabiliza “un gasto por ejecución de avales de la que todo el perímetro era garante por importe de 116 millones” que será pagado por la ayuda pública más la financiación de Terramar”. “Esto puede ser una muestra de hacer progresivamente responsable al perímetro beneficiario de los riesgos del grupo, aprovechando la liquidez que entraría con la entrada del Fondo y de Terramar”, dice rotundo.
Otra razón esgrimida es que el grupo puede perder su clasificación como contratista del Estado por imposibilidad de justificar su solvencia económica-financiera o aportar avales para proyectos internacionales, que es algo que se reconoce en el propio Plan de Viabilidad. “Esto podría dificultar la obtención de nuevas licitaciones”, concluye.
Por su parte, el asesor jurídico también señaló las contingencias judiciales y extrajudiciales citadas. Todo ello lleva al Fondo a considerar que no cumple la condición de demostrar la viabilidad de las sociedades solicitantes.
Tampoco cumplía, según el informe, la segunda condición de presentar una previsión de reembolso del apoyo estatal con un calendario de amortización, citando de nuevo las razones aportadas por los asesores.
ALEGACIONES ESTÉRILES
En el apartado de conclusiones del informe del Fondo añade también algunos aspectos relevantes, además de reiterar los anteriores, como que el auditor lleva años señalando la incertidumbre de que el grupo pueda seguir como empresa en funcionamiento, que no se ha acreditado que el problema de su solvencia obedezca al impacto del Covid, aunque pueda haberlo. El Fondo se creó para ayudar a empresas con problemas de solvencia sobrevenidas por la pandemia, por lo que esta cuestión resulta definitiva para la denegación.
No es la única. Otra muy relevante es que la mayoría de los contratos permiten resolver si hay insolvencia del contratista o incluso de su matriz, con un riesgo para el “Perímetro Sepi” de 448,1 millones sobre un total de 460,37 millones.
Tampoco es menor que existe un listado de litigios penales aportado por la empresa “de los que pudiera derivarse responsabilidad civil ex delicto”, aunque manifiestan que la empresa no aporta una estimación porque no ha sido cuantificado el tipo de perjuicio económico que pudiera ser reclamado por vía civil.