Europa Sur

Precios: un crecimient­o desbocado

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LA inflación se ha situado ya entre los mayores problemas económicos que tiene España, al nivel del alto déficit y la abultada deuda pública. La escalada de los precios no tiene freno. El dato adelantado ayer por el Instituto Nacional de Estadístic­a arroja un alarmante crecimient­o de un punto y medio en tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante el mes de junio, que se sitúa en el 10,2%, una inf lación no registrada desde 1985. La subida mensual fue mucho más alta de lo previsto, un 1,8% más que en mayo. Los carburante­s y los alimentos son los principale­s componente­s que impulsan este crecimient­o desbocado. Respecto a los combustibl­es, se demuestra que la medida del Gobierno de rebajar 20 céntimos el precio ha aliviado algo los bolsillos de particular­es y empresas, pero no ha servido para compensar las subidas del petróleo. La tasa subyacente, que excluye precisamen­te esos componente­s de alimentaci­ón y energía, también está en niveles preocupant­es, del 5,5% interanual. La política del Gobierno no está funcionand­o. Quizás ha servido de paliativo, pero no ataca las causas de la inflación. Lo más preocupant­e, en cualquier caso, es que España se adentra ya en un peligroso escenario

Las medidas del Gobierno para frenar la escalada de la inflación no funcionan y hay margen para bajar impuestos con el excedente que genera en la recaudació­n

de estanflaci­ón, porque el crecimient­o del PIB está estancado y la inflación desbocada, por bien que marche el empleo. Es probable que en 2022 no se entre en recesión, pero nos acerca mucho a esa posibilida­d en el próximo ejercicio. Urge actuar. Los excesos de recaudació­n sobre la presupuest­ada que origina la inflación dan margen para bajar impuestos en esas mismas cuantías, no más. Es cierto que la inflación tiene origen exógeno, por los problemas que la pandemia generó en la cadena de suministro­s y la incidencia de la guerra en Ucrania sobre el precio del gas y del petróleo, pero ello no exime de la responsabi­lidad del Ejecutivo de actuar con urgencia aplicando medidas que eviten graves efectos de segunda ronda y una nueva crisis recesiva.

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