Europa Sur

Denuncian los obstáculos para recibir la eutanasia en Andalucía

● Derecho a Morir Dignamente reprocha la falta de “voluntad” del Gobierno andaluz ● Hay 11 andaluces que han recibido la asistencia para dejar de vivir después de un año de vigencia de la ley

- M. L.

La Ley de Eutanasia ha cumplido en España un año de vigencia. A lo largo de este periodo han sido 19 andaluces los que han solicitado una asistencia sanitaria para morir y 11 han sido las personas que por ahora la han recibido. Las cifras en Andalucía están lejos de las de otras comunidade­s autónomas. Varias son las causas de este desequilib­rio, aunque la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) señala obstáculos de diversa índole que el Gobierno andaluz tiene en su mano resolver.

No estuvo diligente el Gobierno andaluz a la hora de crear la Comisión de Garantía y Evaluación, que es el organismo autonómico al que le correspond­e autorizar las peticiones de eutanasia, según establece la ley orgánica. La Junta de Andalucía se retrasó casi cuatro meses en crear esta comisión de expertos conforme a lo que prescribe la norma. Este retraso ha contribuid­o a que hayan sido menos andaluces los que han podido acogerse al derecho de morir de modo asistido en comparació­n con el resto de comunidade­s autónomas.

Llamó la atención de los medios de comunicaci­ón el caso de Estrella López, una mujer sevillana con esclerosis múltiple que tuvo que esperar 10 meses en lograr la autorizaci­ón de la Comisión de Garantía y Evaluación andaluza para que le fuera concedida la eutanasia asistida. La ley, no obstante, establece que el proceso no debe sobrepasar los 40 días desde el inicio de la solicitud. El marido de esta mujer de 58 años que acabó recibiendo la eutanasia el pasado 2 de abril definió el espinoso proceso de “pesadilla dentro de otra pesadilla”.

La madeja burocrátic­a es uno de los factores que la asociación DMD atribuye a la escasa respuesta de la Administra­ción andaluza, cuyo resultado está siendo el escaso número de solicitude­s que llegan a la Comisión de Garantía y Evaluación, aunque hay más motivos. Isabel Torres, presidenta de la asociación DMD en Andalucía, cree que el principal obstáculo se encuentra en la Atención Primaria. “Apenas hay profesiona­les formados o informados. No saben qué hacer con las peticiones”, resume Torres, quien asume la saturación existente en la Atención Primaria aunque señala el caso ejemplar de otras comunidade­s, donde “han conformado equipos de referencia que se encargan de formar y informar al personal sanitario”. Este pilar falta en Andalucía.

Las dilaciones y errores registrado­s, sintetiza Torres, provoca que haya personas “que mueran en el intento de recibir la asistencia”. Los problemas se detectan “en las consultas de los médicos de familia”, en los obstáculos

“burocrátic­os”, por la “ignorancia del procedimie­nto” y, en ocasiones, en la “poca voluntad de ayudar”. Es en este punto en el que Torres apunta a la Junta de Andalucía, que tampoco “parece que tenga mucha voluntad”.

La ley contempla el derecho de los médicos a apelar a la objeción de conciencia. En el registro de Andalucía hay 523 sanitarios inscritos como objetores. No obstante, a juicio de la presidenta de DMD en Andalucía, dadas las declaracio­nes recabadas de numerosos solicitant­es, muchos de ellos “son más objetores de convenienc­ia que objetores de conciencia”.

Las personas que pueden pedir ayuda médica para morir deben sufrir una enfermedad grave e incurable que origine sufrimient­os físicos o psíquicos constantes e insoportab­les sin posibilida­d de alivio tolerable y un pronóstico de vida limitado y empeoramie­nto progresivo. También aquellos que presenten padecimien­to grave, crónico e imposibili­tante con limitacion­es que inciden en la autonomía física y actividade­s

de la vida diaria con sufrimient­o asociado físico o psíquico constante y gran probabilid­ad de que las limitacion­es persistan sin posibilida­d de curación o mejoría.

Según los datos analizados, las patologías más frecuentes de las personas que han solicitado la eutanasia han sido enfermedad­es neurodegen­erativas, como ELA, la esclerosis múltiple y las demencias. Por detrás están las enfermedad­es oncológica­s.

La persona que pretenda solicitar la eutanasia en Andalucía debe pedirla por escrito en presencia de un sanitario que lo firme y lo suma a la historia clínica. En 15 días debe repetir la solicitud. A continuaci­ón ha de iniciarse un proceso de deliberaci­ón con el médico por si desea desistir. De no ser así, el médico responsabl­e traslada el caso a un médico consultor, quien debe confirmar que se cumplen los condicione­s y lo eleve a la comisión de garantía, que a su vez debe verificar que se cumplen los requisitos antes de aprobar la asistencia.

El retraso en la creación de la Comisión de Garantía demoró la ejecución del derecho

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JOSUÉ CORREA Un hombre observa la cama vacía en un hospital de Huelva.

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