“El intento de control del Poder Judicial es muy antiguo, data de 1985”
● El también secretario general del Instituto de España, que fue diputado del Partido Popular en el Congreso de 1986 a 2003, ha publicado el libro ‘La Justicia en el Escaparate’
todo se debe “a problemas de interpretación”.
Esta continua judicialización ha calado también en la ciudadanía. De hecho España tiene una alta tasa de litigiosidad. “El problema de esto es que se acude a los tribunales para todo y el resultado es que llegan al Tribunal Constitucional unos 7.000 recursos, algunos alegando vulneración de la presunción de inocencia por temas como
Cada año llegan unos 7.000 recursos al Constitucional y todos tienen que ser analizados y estudiados”
el de alguien a quien acusan de robar en un centro comercial. Estudiar cada recurso que llega lleva mucho tiempo y hay que analizarlo bien aunque al final todo el trabajo lleve a la inadmisión. Para poder inadmitirlo o no hay que leer y mirar mucho”.
Uno de esos temas que aún sigue a la espera es el del recurso contra la ley del aborto. Andrés Ollero fue nombrado ponente del recurso presentado en el año 2010 en el Constitucional contra esta norma. Sobre este punto, recuerda que heredó este encargo de su predecesora, Elisa Pérez Vera, quien llegó a entregarle un borrador. Sin embargo, aunque se supone que iba a resolverse en enero, el asunto aún sigue en el Tribunal.
“Hace falta una mayoría de magistrados para las sentencias en el Constitucional y no se ha conseguido nunca en el recurso de la ley del aborto. Jamás pude conseguir la mayoría necesaria para sacar adelante la sentencia sobre el recurso”, explica. Se podría dar la circunstancia de que el recurso de 2010 y los previsibles recursos contra la nueva ley se encuentren en el Tribunal.
Entre los temas del libro, uno de los que está de máxima actualidad es el del bloqueo de la renovación de los vocales del Constitucional y del CGPJ. Este intento de ejercer cierto control sobre la Justicia es, según Ollero, “algo muy antiguo que data de 1985”. Es en ese momento cuando se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de vocales. “Al principio todos entendie
ron que los jueces elegirían a los jueces, incluso el PSOE defendió un sistema de votación en el que preveían hasta las papeletas”, explica. La mayoría absoluta socialista cambió el modo y fijó el que se ha mantenido hasta hoy: los 20 vocales los eligen a partes iguales las dos Cámaras. El sistema lo avaló un año después el Constitucional, que advirtió de un riesgo que se ha cumplido: que el CGPJ se acabara convirtiendo en un reflejo de la lucha parlamentaria.
“En el PSOE aprovecharon una enmienda de Bandrés y sobrevaloraron la presencia de las asociaciones de magistrados porque consideraron que estaría más presente la asociación que presumían que era más cercana a ellos. Y, ahí estamos ahora”, recuerda Ollero. “El cambio fue avalado por una sentencia del Constitucional que, desde mi punto de vista, es la peor que ha publicado. Viene a decir que si los vocales judiciales reflejan las fuerzas políticas que hay en el Congreso es inconstitucional, para después decir lo contrario”.
Recuerda el magistrado que en ese momento se produjo una deliberación semántica porque la Constitución señala que los miembros del TC “deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados,
La sentencia del Constitucional que avaló la Ley del Poder Judicial es la peor que ha emitido “
todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional”. En el debate surgió que decía “entre” y no “por”, un resquicio que se aprovechó.
Andrés Ollero considera que en este punto “seguramente habría que retocar la Constitución porque
Al principio, todos creían que los jueces elegirían a los jueces, el PSOE tenía hasta el modelo de la papeleta”
dice cómo elegir a los miembros del Constitucional, pero no qué pasa cuando son designados. Esto lleva a situaciones como la que tenemos. Un CGPJ que lleva tres años en prórroga y una Tribunal Constitucional para el que se sacan una ley que está por encima de la Constitución”, dice con ironía, “que señala que el tiempo desde el nombramiento por los grupos parlamentarios se da por cumplido”.
Respecto a los últimos movimientos por parte del Ejecutivo a la hora de nombrar a los magistrados del Constitucional, señala que han existido dos fases. “Una primera, como un globo sonda o en modo amenazante donde se iban a nombrar los dos vocales a propuesta del Gobierno y no los dos del CGPJ, algo que es ignorar la Constitución, y la segunda fase que está en modificar una ley que recortaba las actuaciones del CGPJ y decir que ahora sí pueden proponer los candidatos del Consejo para el TC, pero siguen sin poder nombrar magistrados. A los jueces, que encima están sufriendo la sobrecarga del trabajo por esos puestos que están sin cubrir, evidentemente no les ha parecido nada bien. Yo me tenía que haber ido un año y medio antes y, sin embargo, tuve que seguir porque no nombraban a nadie”, afirma.