Legislatura económica en Andalucía
● El autor recuerda que el presidente Moreno ya ha adelantado que usará la mayoría lograda para gobernar desde la moderación y el diálogo, pero defiende que es necesario saber en qué dirección
LA amplia mayoría electoral conseguida por el Partido Popular en las pasadas elecciones andaluzas debería inaugurar una nueva etapa en la política económica de la comunidad. Ya sabemos que el presidente electo quiere gobernar desde la moderación y el diálogo. Ahora necesitamos saber en qué dirección. Pues más allá de las 426 páginas de su programa electoral, con cientos de propuestas de variada precisión, se requiere una visión global de dónde se encuentra la comunidad y cómo abordar sus principales retos. Con el respaldo de una mayoría absoluta, se ha acabado el tiempo de los eslóganes de baja profundidad (“recaudamos más porque bajamos impuestos”) y de dilatar reformas de fondo, tan olvidadas como necesarias.
Conviene saber primero dónde nos encontramos. Andalucía es una autonomía que lleva décadas por debajo del 80% del PIB per cápita medio de España. Hay años en los que crecemos más que los demás pero otros en los que el retroceso es más intenso en nuestra comunidad. Y cuando este crecimiento se expresa por habitante siempre nos quedamos topados por debajo de ese 80%.
Nuestro crecimiento, además, no es intensivo sino que lo conseguimos sudando la camiseta al poner a más gente y máquinas a producir, en lugar de avanzar en que unos y otras sean más productivas. De esta forma alternativa, la creación de empleo y el aumento de la inversión no serían tan cíclicas ni dependerían tanto de factores fuera de nuestro alcance, como el clima o los flujos internacionales de turismo por motivos geopolíticos.
El modelo de crecimiento andaluz lleva años agotando las rentabilidades decrecientes de activos tradicionales, sean viviendas, hoteles, infraestructuras o maquinaria de transporte, por citar algunos. Cuando las cosas se tuercen, se reducen las cantidades usadas de capital y las rentabilidades de estos activos vuelven a crecer, iniciando una nueva etapa expansiva en una versión económica del mito de Sísifo.
Pero Andalucía no ha dedicado suficiente esfuerzo a la innovación, el capital humano o la investigación y el desarrollo tecnológico. Esto no quiere decir, por supuesto, que no existan en nuestra comunidad ejemplos de actividades avanzadas, de alto valor añadido y concentradas en sectores innovadores. Incluso cuando se las compara con las existentes en otras autonomías, estas empresas andaluzas mantienen semejante intensidad inversora en I+D o uso de tecnologías de la información y la comunicación. El problema reside en que son muy pocas comparadas con la densidad que alcanzan en el conjunto de España, que tampoco es para lanzar cohetes en una comparativa internacional, dicho sea de paso.
Este modelo productivo andaluz no se cambia por decreto. Deben ser los trabajadores y empresarios quienes, convencidos de la rentabilidad de invertir en determinados activos, apuesten por la formación de calidad, la inversión en capital tecnológico o el valor de los intangibles. Y los gobiernos, en general, no están en condiciones de precisar en qué sectores o actividades se deben concentrar esas inversiones. Pero sí pueden posibilitar el que las rentabilidades potenciales de los activos que se mueven entre alternativas sean atractivas.
No estamos hablando de edificios o polígonos industriales sino de formación universitaria de calidad,
Con una mayoría absoluta se ha acabado el tiempo de dilatar reformas necesarias
investigación científica de vanguardia o conexión con redes internacionales de servicios avanzados a las empresas. Todas ellas son inversiones no sometidas a los rendimientos decrecientes de los activos tradicionales en los que suele invertir la economía andaluza. Más bien al contrario, las fuerzas del crecimiento endógeno convierten a estos activos en más rentables conforme aumenta su cantidad y difusión, en una especie de círculo virtuoso que debe animarse.
Si ése es el objetivo, qué políticas económicas serían las adecuadas en esta nueva legislatura. De entrada, debe entenderse que las políticas de oferta basadas en crecimiento endógeno no son redistributivas; para esos están los impuestos y el gasto social, si se usan bien, claro. Así que no pretendamos un café para todos y repartido buscando satisfacer a grupos de interés o territorios. No obstante, una discriminación positiva a favor de la acumulación de determinados activos no significa deteriorar las condiciones generalistas de inversión en sectores tradicionales que, por otra parte, también pueden aprovechar los vientos reformistas.
No es éste el lugar adecuado para precisar detalles de diseño y aplicación pero no me resisto a comentar iniciativas de política universitaria –la más cercana a mi ámbito profesional– que estarían alineadas con las ideas arriba expuestas. Primera, nuevo mapa de titulaciones; para empezar se podría ir desempolvando el estudio que la Airef hizo al respecto para la Junta de Andalucía. Segunda, y relacionada
El modelo productivo andaluz no cambiará por decreto, sólo lo harán trabajadores y empresas
con la anterior, revisión del modelo de financiación universitaria, que necesita objetivos y financiación claros. Tercera, eliminación de trabas burocráticas en la gestión administrativa de la investigación; parece una cuestión menor pero les aseguro que marca la diferencia entre las buenas y las malas universidades. Y así podríamos seguir…
Estos ejemplos no son originales sino que están extraídos del programa electoral
Sea bienvenida la voluntad del presidente electo por gobernar con moderación y diálogo. Pero no debe olvidar una de sus máximas responsabilidades: gobernar una comunidad con enormes retos económicos y sociales. Dejando de lado el maquillaje político habrá que remangarse con las reformas que necesitamos y estar dispuesto a pagar el precio que suelen conllevar. Y si se explican con honestidad los andaluces se lo agradecerán.
Seis de cada diez empresas andaluzas han atravesado “situaciones de necesidad de financiación en el año 2021”, según refleja el
elaborado a partir de una encuesta realizada en los meses de febrero y marzo de 2022 a 1.017 pymes andaluzas.
Este informe fue presentado ayer lunes por el presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía, Garántia, Javier González de Lara; su director general, Antonio Vega, y la directora de Abay Analistas Económicos, Maribel Martínez.
Las conclusiones del informe ponen de relieve que la situación de las pymes, las necesidades de financiación que tienen y el origen de las mismas, así como el acceso a la financiación bancaria, las necesidades de garantías y avales y el recurso a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en el proceso de financiación empresarial.
Según los datos recogidos, el 63,9% de las empresas andaluzas, en total más de 360.000 pymes, han atravesado “situaciones de necesidad de financiación en el año 2021, la hayan buscado de forma activa o no”. El informe asegura que se trata del porcentaje “más elevado de la serie histórica”, superando en más de 27 puntos el último dato prepandemia de 2019 (36,7%).
El documento incluye un avance en las perspectivas de crecimiento a corto plazo de las pequeñas y medianas empresas, que tras la crisis de la Covid-19 “esperan ya iniciar su recuperación económica”.
Según la consulta realizada, tres de cada diez pymes afirman haber iniciado “una recuperación económica tras la crisis de la Covid-19” y cerca de un 31% dice estar en una “posición estable”, mientras un 32,5% de ellas asegura que “su situación ha empeorado con respecto a 2020”.
Por su parte, el 45,4% de las empresas esperan que su facturación “aumente en los próximos doce meses”, frente al 37,1% que lo indicaba en enero de 2020. Asimismo, el porcentaje de pymes que considera que “permanecerá
El 45,4% de las pymes esperan que su facturación “aumente en los próximos 12 meses”
estable” desciende ligeramente, del 37,2% en 2020 al 35,9% en 2021, mientras que se reduce significativamente el peso de las empresas que creen que su facturación “va a decrecer”, del 25,7% al 15,7%.
Respecto a la creación de empleo, el informe indica que “sólo el 15,6% de las pymes andaluzas considera que se creará empleo en los próximos doce meses”. “El logro de la financiación facilitará la creación de empleo en el 6,5% de las pymes que buscaron financiación, ya que el 52,6% de las pymes considera que esto es clave para mantener estables los puestos de trabajo”, señala el documento.
Sobre las necesidades de financiación de las pymes andaluzas, el informe concluye que en 2021 “han sido elevadas debido al impacto de la pandemia”, alcanzado a un 63,9% de las pymes y asegura que “este porcentaje supera en más de 25 puntos porcentuales al último dato prepandemia de la serie histórica, referido al año 2019”. La estadística también refleja que entre las pymes con más de diez personas empleadas el porcentaje con necesidades de financiación se eleva hasta el 86,1%.
Asimismo, ha habido mayores necesidades de financiación en las pymes exportadoras e innovadoras. Así el 80,5% de las pymes exportadoras ha tenido necesidades de financiación en 2021 frente al 60,4% de las no exportadoras. Y en el caso de las pymes innovadoras, el porcentaje se eleva hasta el 81,4% frente al 59,1% de las que no innovan.
En cuanto al destino de la financiación, el documento expone que el circulante continúa siendo “el principal destino” para las pymes y, “como era de esperar, ha aumentado fuertemente como consecuencia de la pandemia (desde el 67,5% en 2019 al 78,2% en 2021)”. La muestra advierte que le sigue en importancia la inversión en equipo productivo que originó las necesidades de financiación en el 23,5% de las pymes andaluzas y, en menor medida, la inversión en inmuebles (12,0%).
El informe también señala que ha habido “una mayor utilización” por parte de las pymes andaluzas de las líneas ICO durante la pandemia y observa un “fuerte aumento” que se sitúa en el 29,1% (frente a un 3,6% en 2019) y se posiciona como “el instrumento financiero más utilizado” en el último año.