El juez del caso Pegasus admite otra acusación popular invocando el interés general

El juez José Luis Calama ha admitido la personación como acusación popular, previo pago de una fianza de 10.000 euros, de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) en la causa por la infección de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de tres ministros con Pegasus.

Esta es la segunda asociación a la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional permite entrar en el procedimiento como acusación popular tras levantar el secreto de la causa. La primera fue la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, a la que también ha pedido abonar previamente 10.000 euros de fianza, que no consta haya pagado aún.

Mientras que la Fiscalía no se opuso a esa primera personación, sí que lo ha hecho con respecto a Apedanica, alegando que carece de un interés legítimo en la causa y porque puede ser perjudicial para el desarrollo del procedimiento.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Abogacía del Estado, que también se opuso a la entrada de Pro Lege, aduciendo que no cabe admitir este tipo de personaciones porque los hechos investigados constituyen un ataque al derecho a la intimidad de las personas, que es el bien jurídico protegido por el delito de revelación de secretos.

Por contra, en ambos casos, Calama considera que el delito investigado no sólo afecta al bien jurídico de la intimidad y autodeterminación informativa sino también a los “intereses generales”. Añade que los hechos trascienden el ámbito privado, como así lo ha entendido la Abogacía del Estado.