Los patronos de la Fundación Unicaja se reúnen con los consejeros del banco
Es la primera reunión desde que asumiera la presidencia José M. Domínguez
Patronos de la Fundación Bancaria Unicaja y consejeros de Unicaja Banco designados a propuesta de la Fundación, su principal accionista, se reunieron ayer.
Se trata del primer encuentro mantenido entre patronos y consejeros en esta nueva etapa para la Fundación Bancaria Unicaja bajo la presidencia de José M. Domínguez.
La finalidad de la reunión, según señala la Fundación Unicaja en una nota, es que los integrantes de su máximo órgano de gobierno, “en cumplimiento de su obligación legal de velar por la gestión sana y prudente de Unicaja Banco”, puedan mantener un contacto periódico con los consejeros dominicales de Unicaja Banco designados a propuesta de la Fundación.
El objetivo, resume la entidad, es “permanecer actualizados sobre la marcha de la entidad e intercambiar impresiones sobre la toma de decisiones relevantes en el seno de esta y, en general, sobre los criterios básicos de carácter estratégico que rigen la gestión de la participación financiera de la Fundación en Unicaja Banco”.
LA noticia no figura en la primera página de una sección de Economía –la de este periódico–; quizá debiera. Pero los asuntos económicos no tienen –entre tan enorme ruido y manipulación por internet– la resonancia pública que tuvieran que tener por su incidencia en la vida de las personas corrientes. Son los tiempos que corren, y nunca ha sido la cosa muy diferente, bien mirado. “Multadas seis constructoras por alterar las licitaciones [subastas] de obra pública”, “Competencia [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] sanciona con 200 millones por prácticas llevadas a cabo durante 25 años”. La cuenta es pírrica: es una nadería 200 millones de multa entre seis, por prácticas de cártel de compañías más mundiales que españolas en un sector en el que nuestro país es puntero: para Acciona, Dragados (lo que fue), FCC Ferrovial, Obrascón-huarte-lain (lo que fueron, y fue una vez hechas una) y Sacyr, esa sanción es una birria, y más si anualizamos en un cuarto de siglo las prácticas oligopolísticas que según la CNMC llevaban a cabo para no dañarse en su lucha de
por los precios de los grandes contratos públicos de infraestructuras: entre bomberos, no nos pisemos las mangueras.
Sin embargo, es insensato demonizar a las empresas como único agente de la cara B de un sistema de contrataciones donde el propio Estado y sus gobernantes connivían; era lo que había. Recuerden que en 1991 Josep Borrell, ministro de Obras Públicas entonces, exhortó en una reunión privada a los máximos responsables de grandes constructoras –seis también, eran otras, pero no tan otras– a no pagar comisiones a los partidos políticos en el poder a cambio de la concesión de obras del Estado. Lo hizo “en nombre del presidente del Gobierno [Felipe González]