CONTAMINACIÓN MEDIÁTICA
HASTA 27 organizaciones de prensa firmaron en abril la Declaración de Nicaragua para denunciar la persecución sistemática del periodismo independiente. Hace apenas unos días, la SIP alertaba del deterioro de salud de seis periodistas que llevan años entre rejas tras juicios sumarios “por delitos inexistentes” y que están sufriendo “torturas, abusos y trato denigrante”.
En Colombia, la prensa local está entre las más castigadas y estigmatizadas del continente por la violencia de la guerrilla y el narco: hace una semana, un grupo disidente de las FARC tildó de “mercenarios” a los medios más importantes del país. Creen que los periodistas “satanizan” a la opinión pública. Contra medios como
El Colombiano, el propio alcalde de Medellín ha emprendido una “campaña de hostigamiento” en represalia por investigaciones sobre irregularidades, nepotismo y corrupción.
Desde Argentina también se están movilizando contra la “creciente intolerancia” hacia la prensa por parte de funcionarios y políticos (a la cabeza, el presidente
La prensa local colombiana está entre las más castigadas por la violencia de la guerrilla y el narco
Alberto Fernández acusando a los medios de “intoxicar la cabeza a la gente” y el diputado Javier Milei demandando a quien ose criticarle) y, desde México, se siguen escribiendo las páginas más negras para la profesión: son ya 12 los periodistas asesinados este año, con absoluta impunidad, al tiempo que se generalizan sofisticados sistemas de vigilancia, monitoreo y “violencia digital” contra quienes cuestionan el status quo del país.
¿Piensan que nada de esto tiene que ver con nosotros? Se equivocan. He seleccionado estos casos siguiendo un criterio de mera actualidad informativa. Bastaría cambiar el foco geográfico y temporal para continuar el relato de ataques directos a la libertad de prensa. Sin necesidad de situarnos en dictaduras ni países en guerra. Quedémonos en España: un diputado de Junts agarró este lunes a una periodista de TV3, la encerró en una sala y le gritó porque no le gustaron sus preguntas a Laura Borrás; unos días antes, con el trasfondo del caso Ferreras-villarejo, Gabriel Rufián pidió al Gobierno que “legisle” contra la “contaminación mediática”.
Tampoco son casos aislados. Lo que estamos viviendo es una preocupante (e interesada) campaña de descrédito contra los medios. Hagamos autocrítica (todos) pero no caigamos en la trampa. Silenciar a los que no piensan como tú (lleven o no razón) tiene un nombre: censura. Y nuestra salud, democrática, depende justo de lo contrario.