Rabat condena a 11 meses a 33 migrantes por el asalto en Melilla
● El Defensor del Pueblo acude a la ciudad para recabar información sobre la mortal avalancha
El Juzgado de Primera Instancia de la localidad marroquí de Nador condenó ayer a once meses de prisión firme a cada uno de los 33 migrantes detenidos en el asalto masivo a la valla de la ciudad española de Melilla, y que se saldó con la muerte de 23 de sus compañeros, informó a Efe su abogado, Mbarek Buyerek.
Los procesados fueron condenados a pagar una multa de 500 dirhams (47 euros) y una indemnización de 3.500 dirham (329 euros) por los daños causados a los agentes y los bienes públicos.
El juez dictó la sentencia de viva voz en un procedimiento abreviado, pero la notificará en las próximas horas de forma escrita a las partes. En la penúltima sesión celebrada el lunes, los procesados reconocieron haber entrado a Marruecos de forma ilegal, pero negaron el resto de cargos, que son “facilitar y organizar la entrada y salida de personas extranjeras de forma clandestina desde y hacia Marruecos”, “aglomeración armada en la vía pública” y “ultraje a funcionarios públicos”, entre otros.
Estas personas, la mayoría de ellas sudaneses, fueron detenidas durante el asalto masivo de la valla que separa Melilla y la provincia marroquí de Nador el pasado 24 de junio, y que se saldó también con 140 agentes marroquíes y 77 migrantes heridos.
El pasado 4 de julio, la defensa de estos 33 migrantes alegó su estatus de refugiados para pedir que sean juzgados en libertad provisional, pero el juez rechazó esta solicitud y mantuvo a todos en prisión. A otros 32 migrantes arrestados durante la intentona de cruzar a Melilla se les juzga por delitos más graves que a los de este grupo y está previsto que su juicio se celebre el día 27 de este mes tras ser pospuesto en una ocasión.
Estas personas, también de mayoría sudanesa, están procesadas ante el Tribunal de Apelación
de Nador por facilitar la entrada y salida de personas a Marruecos “de forma habitual”, lo que eleva el delito a la categoría de tráfico de seres humanos.
Asimismo, se les imputa secuestro y retención de agentes de las fuerzas públicas para usarlos como rehenes, provocar un incendio en el bosque donde vivían los migrantes e injurias y violencia contra los agentes marroquíes.
Asimismo, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se entrevistó ayer en Melilla con autoridades de la ciudad autónoma, mandos de la Seguridad del Estado, entidades sociales y migrantes para intentar esclarecer el trágico intento de entrada por la valla el 24 de junio en el que murieron al menos 23 migrantes.
Según el Defensor, tras la queja presentada por nueve entidades el 27 de junio ante la institución, desea ampliar con estos encuentros en Melilla detalles de lo sucedido mientras espera respuesta a las peticiones de información formuladas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Inclusión y Migraciones. El Defensor se reunirá con el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, con varios mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con entidades que operan en la ciudad.