Medidas cautelares al etarra Mikel Antza por el asesinato de Blanco
El juez García Castellón no ve riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, pero le prohíbe salir del país
El juez que investiga a varios ex jefes de ETA por el crimen de Miguel Ángel Blanco impuso ayer al ex dirigente Mikel Albisu, Mikel Antza, la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado más próximo a su domicilio y la prohibición de salir del país, medida que ya pesaba sobre él por otra causa.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no ve riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas por parte de Antza, “toda vez que han transcurrido más de 25 años desde la comisión de los hechos que se investigan”, según el auto dictado ayer. García Castellón interrogó a Antza y a la también ex jefa de la banda terrorista Soledad Iparraguirre,
Anboto, quienes se negaron a declarar por el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua en julio de 1997.
Tras la breve comparecencia de Antza, que alegó que ya fue condenado en Francia por integración en ETA, todas las acusaciones, a excepción de la Fiscalía –Dignidad y Justicia, Asociación de Víctimas del Terrorismo y el PP– pidieron varias medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte.
En respuesta, el juez dictó un auto en el que decretó su libertad, le impone comparecencias quincenales y le prohíbe salir del territorio, medida que ya se decretó contra él en la causa en la que también se investiga a miembros de la ex cúpula de ETA por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995.
El magistrado tuvo en cuenta que el investigado tiene arraigo en España y fundamentalmente el “lapso temporal transcurrido entre la comisión de los hechos que se investigan, julio de 1997 y el momento presente” que diluye el riesgo de fuga.