EN DEFENSA DE LA FAMILIA
POCAS crisis tienen una incidencia tan grave y tan inmediata en lo que algunos han denominado el malestar de nuestra civilización como aquélla que afecta a la noción de familia y al papel de ésta en el seno de la sociedad. El deterioro de la misión social –y socializadora– de la familia es un fenómeno que, por obvio, casi no necesita demostración. Se palpa la ausencia de un modelo sensato, estable, apto para el cumplimiento de las importantísimas funciones que tradicionalmente ha venido desarrollando una institución insustituible y hoy, sin embargo, extrañamente sustituida.
Son muchas las causas –filosóficas, ideológicas, sociológicas, políticas, económicas– que podrían ayudarnos a comprender esa pérdida progresiva. No voy a detenerme aquí en ellas. Aunque sí en su consecuencia básica: las democracias contemporáneas han reducido la realidad de la familia a un mero contrato privado, desposeyéndola, además, de su valor social objetivo. La “privatización” de la familia está en la raíz de su actual desprotección pública, en la carencia de normas que la fortalezcan y amparen, en la minimización de su labor educadora, en la expropiación de decisiones cruciales que sólo a ella le pertenecen.
Frente a esta concepción novedosa e insatisfactoria, hay que seguir afirmando que el carácter social del hombre no se define principalmente por su inserción en el Estado o, lo que es lo mismo, que el Estado no es la expresión original de lo social en la experiencia humana. Como señala Angelo Scola, defender la familia es, al cabo, defender la primacía de la persona y de los cuerpos intermedios ante una peligrosísima estatalización de la vida. Y ello porque cuando la perspectiva se invierte, esto es, cuando se conciben personas, familia y cuerpos intermedios en función del Estado, se ponen las bases para una abolición de los derechos individuales y sociales y, por tanto, se abre paso al totalitarismo.
La tutela de la familia se nos presenta, pues, como una exigencia capital en la conservación de nuestra propia libertad. Constituye aquélla, en efecto, un poder soberano, no instrumental ni posterior al del Estado, no prescindible, tampoco, sin la correlativa renuncia a la conformación libre y plural de la sociedad civil misma. En cambio, afanarse en debilitarla oculta, sobre todo, una poderosísima estrategia en esa deriva –denunciable y rechazable– que busca construir un mundo de verdades y conductas uniformes.