El Congreso se toma un respiro y deja para otoño decenas de leyes por debatir
● Las asignaturas pendientes son muchas, desde la Ley de Vivienda a la del 'sí es sí' ● La abolición de la prostitución o los impuestos a la banca y a las eléctricas quedan aparcados
El Congreso se toma un respiro para encarar un otoño con decenas de leyes pendientes de aprobar, algunas desde hace más de un año, como la Ley de Vivienda, que sigue sin ver la luz ante la falta de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, aunque el nuevo curso político debería abrirse con la habitual presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
De momento diputados y senadores cogen aire después de que las sesiones plenarias de julio hayan finalizado con varios proyectos de ley que tendrán que volver a ser votados en el Congreso, debido a las enmiendas introducidas en la Cámara Alta.
Entre ellos, la polémica ley del
sí es sí o la nueva ley de Ciencia, que costó tramitar en el Congreso y cuyo texto vuelve ahora retocado por el Senado.
Lo cierto es que tras aprobar las Cortes desde enero más de una veintena de leyes, entre las que destacan la reforma laboral, la ley audiovisual, la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la ley de planes y fondos de pensiones o la ley de residuos y de convivencia universitaria, aún queda pendiente legislar sobre la prostitución, el aborto o sobre los nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las eléctricas.
En este sentido los nuevos impuestos que serán tramitados como proposiciones de ley deberían ver la luz antes de final de año, por lo que es previsible que pueda convocarse un pleno extraordinario a finales de agosto para acelerar su tramitación.
Tras el Debate del estado de la Nación, que supuso el colofón a la actividad parlamentaria del primer semestre, el Gobierno debe presentar cuanto antes estos nuevos tributos que gravarán los beneficios extraordinarios de las eléctricas y a la banca.
De enero a julio, las Cortes han aprobado cerca de 12 reales decretos leyes, en su mayoría para frenar las consecuencias de la crisis que ha provocado la pandemia y posteriormente la guerra en Ucrania.
Pero también medidas urgentes para la recuperación económica y social de la isla de la Palma, o para proteger a los autónomos.
Los últimos decretos han sido para frenar los elevados precios de la electricidad y el gas con el fin de hacer frente a la inflación, aunque los partidos ya reclaman más medidas económicas de cara al otoño. La derecha insta a rebajas fiscales mientras que las formaciones de izquierda solicitan protección a las familias vulnerables y a los trabajadores.
Y es que a poco más de un año de que se celebren las próximas elecciones generales, el Ejecutivo iniciará el curso político con Patxi López como nuevo portavoz del grupo parlamentario socialista,
De enero a julio, las Cortes han aprobado cerca de 12 reales decretos leyes
que tendrá que hacer valer su talante negociador para afrontar unos debates en el hemiciclo que se prevén intensos.
Y no sólo con la oposición sino también con los partidos socios de la investidura, que previsiblemente tomarán posiciones.
A la dificultad que supondría pactar unos nuevos presupuestos para 2023 se suman a otros asuntos pendientes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o nuevas leyes como la que prohíba la prostitución o la que regule el aborto. Leyes que, en algunos casos, separan al PSOE de Unidas Podemos y de sus socios parlamentarios.
Y del Senado llegará en septiembre la nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo pacto con Bildu ha levantado ampollas incluso dentro de las filas socialistas.
La reforma de los autónomos que se tramitará como proyecto de ley, las enmiendas que ha introducido el Senado a la nueva ley de Ciencia o a la ley Concursal, así como el cambio en una vocal en una frase del preámbulo de la nueva ley del sí es sí también deberán votarse en los primeros plenos.
El Ejecutivo además tiene intención de aprobar en esta Legislatura la nueva ley de seguridad ciudadana, una nueva ley de secretos oficiales y otra para reformar la ley orgánica del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), después del caso Pegasus.
Otra ley que está por finalizar su tramitación en la Cámara Alta es la norma que deroga el voto rogado y facilita el voto de los españoles residentes en el extranjero, mientras que el Congreso sigue esperando la tramitación de la Ley Trans.
También se siguen ampliando los plazos de presentación de enmiendas a proyectos de ley como el que pide reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuido”.
El proyecto de ley de modificación de la ley de seguridad nacional, el que modifica diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud o el que rige el Sistema Universitario, permanecen en cartera.
Las iniciativas con más prórrogas en sus plazos de enmiendas son la proposición de ley sobre bebés robados en España, la que pide sancionar la morosidad empresarial o la que reforma el Código Penal para la protección de la libertad de expresión. Tramitaciones que comenzaron hace ya dos años, en 2020.
La iniciativa de Unidas Podemos sobre salud mental, o la de Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también siguen pendientes.