El régimen militar birmano ejecuta a cuatro activistas prodemocracia
● Las víctimas han sido asesinadas con total opacidad y sin entregar el cuerpo a sus familiares
La junta militar birmana que se impuso en el poder tras el golpe de hace un año y medio ha dado un paso más en su andanada de represión y violencia ejecutando a cuatro activistas pro democracia acusados de “actos terroristas”, los primeros en ser llevados al patíbulo en décadas en el país asiático.
La noticia saltó la mañana de ayer en los medios oficiales birmanos entre gran confusión, ya que hablaban de “castigo” y no ejecuciones y sin explicar cuándo se habían llevado a cabo. “El castigo ha seguido los procedimientos de la prisión”, reza el breve comunicado publicado en el diario Global New Light of Myanmar,
controlado por el Ejército, exponiendo la opacidad de un régimen que ha devuelto al país a sus peores años de abusos y aislamiento.
“Es lo que se ha dicho en los periódicos. No hablaré sobre esto en la rueda de prensa. Lo que ha ocurrido obedece a las leyes y no necesita explicación”, afirmó Zaw Min, portavoz de la junta militar, al medio local Voice of Myanmar.
Por su parte, el diario independiente Myanmar Now señala que las ejecuciones tuvieron lugar el sábado y sus cuerpos fueron cremados entonces, información no confirmada por la junta.
“El hecho de que no hayan querido entregar los cuerpos a las familias lo hace todo peor; sugiere que es para esconder que fueron antes torturados”, dijo a Efe un portavoz del Ministerio de Cooperación Internacional del Gobierno de Unidad Nacional (NUG).
Formado por miembros del Ejecutivo de la Nobel de la Paz Aung San Suu Yyi, depuesto el 1 de febrero de 2021 por los militares, el NUG se proclama desde la semiclandestinidad el poder legítimo de Birmania, y dos de los ejecutados tenían conexiones con él, como recuerda el portavoz, que prefiere mantener su anonimato.
Se trata de dos prominentes activistas pro democracia, Ko Jimmy, quien ya participó en las protestas de 1988 contra el entonces régimen militar, las mismas que llevaron a Suu Kyi a luchar por la democracia en Birmania, y Phyo Zayar, diputado de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de la Nobel.
Ko Jimmy, de 52 años, fue detenido el pasado octubre tras ser acusado de ocultar armas en un apartamento en Yangón, mientras Phyo Zeya Thaw, de 41, era un artista de hip hop reconvertido en político y cercano aliado de Suu Kyi.
Poco se sabe de los otros dos ejecutados, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, salvo que fueron condenados por asesinar a una informadora del Ejército, según la junta militar. Los cuatro habían sido condenados a muerte por un tribunal de Yangón por “actos terroristas”.
Sus muertes son una nueva muestra de la brutalidad de los militares, que con su asonada pusieron fin a una década de transición democrática y han traído escenas del pasado como estas ejecuciones,
El diario independiente ‘Myanmar Now’ señala que las ejecuciones tuvieron lugar el sábado
Habían sido condenados a muerte por un tribunal de Yangón por “actos terroristas”
con las últimas datando de 1988, durante la junta que aisló a Birmania entre 1962 y 2011, según Amnistía Internacional.
Desde entonces, aunque había habido sentencias a muerte, no se habían llevado a cabo, pero el régimen castrense ya advirtió a principios de junio que retomaría la aplicación de la pena capital, ejecutada tradicionalmente mediante el ahorcamiento.
La noticia ha provocado estupor dentro y fuera del país; el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, condenó las ejecuciones y urgió a la comunidad internacional a actuar de forma “contundente” contra la junta.
Japón las definió como “deplorables” y pidió a los militares que trabajen “para una resolución pacífica de la situación”, mientras la embajada de Estados Unidos en Birmania condenó el asesinato de los “líderes pro democracia” birmanos.
Elaine Pearson, directora de Human Rights Watch para Asia, denunciaba por su parte “el acto de crueldad” y urgía a la Unión Europea, a Estados Unidos y otros gobiernos a “mostrar a la junta que habrá consecuencias por estos crímenes”.
Una batería de reacciones que el portavoz del NUG espera que se traduzcan en más pasos por parte de la comunidad internacional contra el régimen castrense. “Necesitamos a la comunidad internacional. La ONU debe llevar a la junta ante la Corte Penal Internacional (CPI)”, implora. “El ejército solo va a escalar la violencia, se necesitan acciones”, advierte a Efe, recordando que hay más de un centenar de prisioneros políticos en el corredor de la muerte desde que los uniformados se instalaron en el poder en febrero de 2021.
Lo hicieron bajo el pretexto de declarar fraudulentas las elecciones de noviembre del año anterior, en las que Suu Kyi arrasó, sumiendo al país en una espiral de violencia y conf licto que deja ya un saldo de 2.114 civiles asesinados.