Las defensas rechazaron el “pacto criminal” y el engaño al Parlamento

En la vista para la exposición de los recursos, las defensas atacaron otro de los pilares de la sentencia de “procedimiento específico” de los ERE, relacionada con el delito de prevaricación. Los abogados que representan a los ex altos cargos que fueron condenados por el delito de prevaricación, entre ellos los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, negaron ante el Tribunal Supremo que el Parlamento andaluz fuese engañado o inducido a error en el uso de las transferencias de financiación mediante las cuales se pagaban las ayudas de los

ERE y por las que se concedieron 680 millones entre los años 2000 y 2009. El abogado Rafael Alcácer, que defiende a la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez –que fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación– rechazó la pretendida arbitrariedad de los proyectos y anteproyectos de las leyes de Presupuestos que incluían dichas transferencias de financiación y, en este sentido, se preguntó cómo podían considerarse ilegales cuando esos textos son “idénticos a las leyes de Presupuestos que el Parlamento aprobó” cada año, por lo que consi

dera que esto constituye una contradicción “extravagante” de la sentencia ahora recurrida. El letrado cuestionó que los parlamentarios andaluces desconocieran el sistema de concesión de las ayudas y que el Parlamento “pudiera caer en tan burdo engaño”. “Aunque se asumiera ese engaño al Parlamento, que no es asumible, ¿cómo pueden considerarse ilegales textos idénticos a lo que la voluntad soberana del Parlamento decidió convertir en ley?”, se preguntó Alcácer, que señaló igualmente que esos textos prelegislativos no tienen el carácter de resolución a efectos del delito de prevaricación y además no se trata de un "acto administrativo, sino de un acto de gobierno, político".