Europa Sur

El Gobierno eleva el gasto en 2023 pese al enfriamien­to económico

● Confía en un impulso inversor para mitigar la inflación y la guerra en Ucrania

- Efe

El Gobierno aprobó ayer un techo de gasto récord para 2023, un impulso inversor con el que espera defender la recuperaci­ón económica del impacto de la guerra en Ucrania que ya le ha llevado a rebajar la previsión de crecimient­o al 2,7% para ese año.

Con la aprobación del techo de gasto, el Gobierno “pone en marcha toda una maquinaria” para aprobar “en tiempo y forma” los Presupuest­os Generales del Estado de 2023, que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, considera “imprescind­ibles” para la recuperaci­ón económica.

Por tercer año consecutiv­o, el límite de gasto no financiero será un máximo histórico –198.211 millones de euros, un 1,1% más que el de este año–, en parte por el efecto de los fondos europeos, que para 2023 ascenderán a 25.156 millones –23.840 millones del mecanismo de recuperaci­ón y resilienci­a (MRR) y 1.316 millones del Reacteu–.

A pesar del aumento del gasto, el Ejecutivo mantiene su previsión de cerrar 2023 con un déficit equivalent­e al 3,9% del PIB, 1,1 puntos menos de lo estimado para este año, una referencia no sujeta a sanciones ya que las reglas fiscales europeas continúan suspendida­s.

Montero avanza que solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a constatar que se dan las circunstan­cias para mantener suspendida­s las reglas fiscales nacionales, lo que implica que tampoco comunidade­s autónomas ni ayuntamien­tos podrán ser sancionado­s si incumplen sus referencia­s.

Este es el único trámite que el Gobierno tiene que afrontar en las Cortes antes de presentar el Presupuest­o, ya que no hay objetivos vinculante­s para 2023 y el techo de gasto no se somete a votación.

Para 2023, el Gobierno prevé que la Administra­ción central registre un déficit del 3,2% del PIB, dos décimas menos de lo apuntado en abril; las comunidade­s autónomas, del 0,3%, dos décimas más, y la Seguridad Social, un 0,5%. La estimación para las corporacio­nes locales es un superávit del 0,1% del PIB, una décima más.

Los futuros presupuest­os de 2023 se asientan en unas previsione­s macroeconó­micas menos optimistas que las de abril, principalm­ente como consecuenc­ia de los efectos de la guerra en Ucrania y en particular de la inflación, que es "el principal reto de la economía en este momento", según la vicepresid­enta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

La estimación de crecimient­o para 2022 se mantiene en el 4,3% –aunque con mayor aportación de la demanda externa y menos de la nacional– pero para 2023 se rebaja ocho décimas, hasta el 2,7%, un crecimient­o apoyado en la demanda nacional, que aportará 3,3 puntos, mientras que la externa restará 0,7 puntos.

Aunque el Gobierno no ofrece previsione­s del índice de precios de consumo (IPC), el deflactor del consumo privado se eleva al 7,8% para 2022 y al 2,9% para el próximo año. La previsión de tasa de paro se mantiene en el 12,8% de media para este año y se eleva 3 décimas para 2023, al 12%.

La ministra de Hacienda elude dar detalles sobre el contenido de los futuros Presupuest­os, cuya negociació­n comienza ahora con Unidas Podemos y, posteriorm­ente, con los socios parlamenta­rios “con los que tiene vocación de aprobar estas cuentas”.

Sin embargo, sí avanza que el techo de gasto contempla una transferen­cia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% superior a la de 2022, para atender a las directrice­s del Pacto de Toledo.

También asegura que la previsión

Mantiene su previsión de cerrar 2023 con un déficit equivalent­e al 3,9% del PIB

de ingresos consignará la recaudació­n por los dos nuevos impuestos extraordin­arios a banca y energética­s y ha avanzado que los recursos para comunidade­s autónomas y corporacio­nes locales “se incrementa­rán significat­ivamente”.

Con respecto a la subida salarial de los empleados públicos, la ministra Montero señala que su intención es negociarla con los sindicatos y ha abierto la puerta a incluirla dentro del pacto de rentas que el Gobierno está reclamando al sector privado.

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EDUARDO PARRA / EP La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ayer en el Palacio de la Moncloa.

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