El Gobierno hace suya la política lingüística de la Generalitat
● Avala que no se exija el 25% de castellano en las escuelas y pretende impulsar la lengua catalana en Europa ● Acuerda con ERC la “desjudicialización” de la política
El Gobierno y la Generalitat han cerrado la tercera mesa de diálogo que pretende superar “el conf licto catalán” con dos acuerdos que suponen un paso más en el blindaje al catalán y en la desjudicialización de la política, con el fin de avanzar en reformas pero siempre dentro del marco jurídico vigente.
El encuentro fue celebrado por ambas delegaciones y mientras el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, resaltó que fue “sincero, amable y constructivo”, la consellera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, incidió en que fue un “paso imprescindible” para afrontar la “resolución del conf licto político en Cataluña”.
Precisamente los acuerdos se han centrado en dos asuntos claves: la excesiva judicialización del conf licto catalán y el blindaje y reforzamiento del uso del catalán demandado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Ambas delegaciones han pactado impulsar la desjudicialización con reformas que puedan venir siempre desde el diálogo, bajo el ordenamiento democrático y la seguridad jurídica y atendiendo a amplias mayorías sociales. También han acordado reforzar la autonomía del catalán, tanto en su uso en las aulas como en el Parlamento Europeo o en el Senado español.
En esta mesa de diálogo no ha querido participar ningún miembro de JXCAT, que consideran “agotada” esta vía, por lo que la representación estuvo formada por cuatro de ERC: la
de la Presidencia, Laura Vilagrà, el Empresa y Trabajo, Roger Torrent, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga.
Por su parte la delegación del Gobierno estaba encabezada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.
El acuerdo para frenar la judicialización de la política rechaza la “criminalización de los proyectos políticos democráticos”, aboga por reformas y apuesta por “la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia”.
En el acuerdo no se menciona ninguna reforma legislativa concreta pero tanto a Bolaños como a Vilagrà se les preguntó expresamente si una de las previstas es la reforma del Código Penal para retocar el delito de sedición.
Los dos gobiernos reconocen en el documento que existen “dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudialización” y ni Bolaños ni Vilagrà quisieron avanzar en qué fórmulas concretas van a trabajar, limitándose
En el acuerdo no se menciona ninguna reforma legislativa concreta
a señalar que irán informando de los acuerdos que vayan alcanzando.
Ambos coincidieron en la conveniencia de armonizar las leyes españolas con las vigentes en otros Estados europeos, aunque sin mencionar expresamente cómo afectaría esto al delito de sedición.
Además, discrparon sobre la existencia o no de una mayoría parlamentaria para reformar ahora el Código Penal que, al ser una ley orgánica, necesita el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso. Mientras Bolaños insistió en que ahora no se da esa mayoría, la consellera de Presidencia subrayó que sí la hay.
El documento subraya que esa superación del “conflicto político” siempre debe respetar la seguridad jurídica y el ordenamiento democrático y recuerda que cualquier “eventual mejora” de reforma deberá hacerse “en base a los procedimientos de reforma establecidos con el objetivo de facilitar la superación de la judicialización y la resolución del conflicto político”.
“Empezamos a recoger frutos concretos sobre acuerdos concretos”, señaló Bolaños mientras Vilagrà celebró estos avances pero también avisó de que “si hay una democratización de las leyes, incluso el derecho a la autodeterminación tiene cabida”.
Advirtió de que mientras no se reconozca el derecho a la autodeterminación esa resolución para resolver el “conflicto catalán” seguirá estando “lejos”.
El Ejecutivo central quiso hacer público su respaldo al fomento del catalán, tanto en las escuelas de Cataluña como en el Parlamento europeo.
El acuerdo sellado ayer avala la fórmula aprobada por el Parlament para garantizar el catalán como lengua vehicular en la escuela y reconocer asimismo el “uso curricular” del castellano.
“Ambos gobiernos comparten que el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente usada como
Bolaños afirma que empiezan a “recoger frutos concretos sobre pactos concretos”
vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Cataluña”, si bien “la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano también tiene que estar garantizado y tener una presencia adecuada en los currículos y proyectos lingüísticos”. El Gobierno, por tanto, se abona a la tesis de la Generalitat que no contempla ningún porcentaje para la enseñanza del castellano, frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que exigía un 25%.
Bolaños valoró que esa ley fue aprobada con un consenso del 80% y que avala la autonomía de cada escuela para fomentar lengua que considere el centro.
“Fortalecer la autonomía y capacidad de los centros para desarrollar proyectos educativos adaptados a la realidad social y lingüística de su entorno, y de acuerdo con la evaluación de las competencias lingüísticas”, resalta el documento que también se compromete a “resolver por la vía del diálogo y la negociación los conflictos que pudieran surgir en la aplicación o desarrollo del marco normativo vigente”.
Gobierno y Generalitat se comprometen a solicitar a la presidencia del Parlamento europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y trabajarán para conseguir una mayoría suficiente que avale esta petición antes de finalizar el año.
Para que el uso del catalán sea una realidad en el Parlamento europeo es necesario primero que lo solicite el Estado, y esta era una de esas reivindicaciones históricas.
Catalanes para adjudicárselos a un conocido.
Si eso ocurre, el Parlament vivirá una situación inédita: Borràs quedará suspendida de sus funciones, por lo que no podrá ejercer la presidencia de la cámara ni actuar como diputada.
Al quedar suspendida –hasta que haya sentencia sobre su caso– pero no destituida, el Parlament no podrá votar un relevo en la presidencia, por lo que sus funciones quedarán delegadas en la vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés, de ERC.