Ahorrar... y aumentar la generación eléctrica
LA invasión de Rusia de Ucrania, y el correspondiente recorte de suministro de gas ruso a la Unión Europea, ha dejado a la vista la enorme dependencia energética del continente, pero está sirviendo para profundizar en la unidad de las instituciones europeas como única salvaguarda frente a graves crisis internacionales, sean financieras, sanitarias y bélicas. Aunque España no depende del gas de Rusia, está obligada, por un acuerdo con la Comisión Europea, a reducir el consumo de este combustible en un 7%, en lo que pretende ser una disminución combinada de las tensiones sobre el mercado mundial. En este contexto, el Gobierno de España aprobó ayer lunes un listado de medidas para alcanzar ese porcentaje de ahorro. Son medidas que afectan a las administraciones, a comercios y a varios sectores, pero no supondrán una ralentización de los procesos productivos en la industria, un extremo al que otros países europeos sí se enfrentarán. Las medidas de ahorro en la calefacción y al aire acondicionado, mediante límites de temperatura, estaban casi justificadas antes de la invasión rusa porque la energía no sólo es un gasto económico, sino también medioambiental. No obstante, creemos
El cuello de botella del desarrollo de la energía fotovoltaica en España se sitúa en el procedimiento administrativo, porque hay inversores y hay tecnología
que el Gobierno está obligado a actuar en la otra zona del problema: en el aumento de la generación energética del país. La producción fotovoltaica podría convertir a España en un país muy independiente si ésta se combina con las centrales de gas y nuclear que siguen funcionando, así como con otras renovables como la eólica. Hay tecnología en el mercado para abaratar el coste y hay inversores muy interesados en el sector; Andalucía podría ser una de las grandes generadoras de energía del país, pero lo que viene denunciando el sector es que el cuello de botella que impide un correcto desarrollo es el retraso administrativo de los expedientes. Y éste no se debe sólo a la tradicional lentitud burocrática, sino a las reticencias políticas de distintas administraciones.