Un decreto de ahorro con muchas lagunas
NINGUNO de los gobiernos autonómicos que lidera el PP se ha sumado al anuncio de boicot al decreto de ahorro energético que ha hecho su compañera madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pero estos ejecutivos autonómicos, incluido el andaluz, han criticado la falta de diálogo del Ministerio de Transición Ecológica, así como la escasa flexibilidad con la que se ha presentado. El decreto contiene varias excepciones a la modulación de las temperaturas, de las que se benefician los gimnasios, peluquerías y cocinas de bares y restaurantes, pero quedan importantes dudas por resolver. Por ejemplo, si en los locales de hostelería se puede seguir trabajando a 25 grados, tal como se deduce del articulado del texto. La Junta de Andalucía, como el resto de administraciones, debe mantener la temperatura de sus edificios nunca por debajo de los 27 grados en verano y tampoco por encima de los 19 grados en invierno. También está obligada a apagar las luces cuando las sedes no se utilicen, algo que comenzó a implantar el anterior consejero de Hacienda, Juan Bravo. La parte que resulta más polémica del decreto de ahorro, y es a la que se ha referido Isabel Díaz Ayuso, es a la obligación del comercio de apagar sus escaparates cuando pasen de las diez de la noche y a aislar la entrada de los locales
El Gobierno andaluz cumplirá con las normas derivadas del decreto de ahorro, aunque no ha ahorrado la crítica a la falta de negociación por parte de Pedro Sánchez
si dentro se está utilizando la refrigeración y la calefacción. No se puede sostener, como Díaz Ayuso ha clamado en un tono de alarma impostada, que esto lleva a la “tristeza” y a la “inseguridad” ciudadana. No es así, pero el Gobierno central tiene que esforzarse en transmitir a los afectados qué es lo que deben hacer y tiene que reconsiderar los plazos de adaptación. Las medidas para bajar el consumo de gas natural obedecen a un compromiso de España con la Comisión Europea que es justo, y el objetivo final del descenso del 7% tiene que salvaguardarse, pero las comunidades autónomas tienen razón cuando defienden que hay muchas particularidades climáticas en un país tan extenso como el nuestro. La esgrimida cogobernanza también debería haber sido aplicada en un caso que afecta a tantos.