INDULTAR, SÍ; DISCULPAR, NO
UN florido ramillete de políticos viene divulgando dos ideas que deterioran la calidad de nuestra democracia. Una: los jueces que procesan y condenan a algunos de los suyos no son imparciales, sino tendenciosos y, en el límite, prevarican: dictan resoluciones injustas a sabiendas. La otra: delinquir es loable si se persiguen determinados objetivos políticos. Ambas ideas tienen su origen en ETA, que siguió matando tras la transición a la democracia, negándose a reconocer la legitimidad de los tribunales por españoles y justificando sus atentados en que la Constitución no reconocía el derecho a la autodeterminación del País Vasco. Tomaron el testigo los separatistas catalanes, que juntaron lo mejor de los dos mundos: lucrarse personalmente y transgredir sistemáticamente la legalidad. Se equivocan los que dicen que, por su cuantía, 680 millones de euros, el caso andaluz de los ERE es el más grave de la democracia: la Convergència de Pujol llegó a recaudar unos 3.000 millones de euros por la bonita costumbre del cohecho. Eso deja al Gürtel y la Púnica del PP en un tercer lugar, con unos 250 millones de euros delictivos. En la línea de loar los delitos por sus finalidades políticas, ahora organizan fiestas de bienvenida a los etarras y aplauden a Pujol cuando aparece en público. Los que organizaron la declaración inconstitucional de independencia en 2017 nunca aceptaron haber delinquido porque creían que no les eran aplicables las leyes españolas y, además, lo hicieron para liberarse del yugo español. En escasas ocasiones ha recurrido a ese truco el PP: lo habitual era negar haber cometido el delito, que no insistir en que no lo era
La democracia se basa en que los dirigentes electos no abusen de su poder, sino que se sometan al imperio de la ley, sin violarla para conseguir ningún beneficio
o que, al culminarlo, habían contribuido al desarrollo económico (una excusa muy popular en Italia). Y ahora les ha llegado el turno a los socialistas, que han salido en tromba a defender a los presidentes andaluces Chaves y Griñán, e implícitamente a los demás altos cargos condenados. Al parecer es irrelevante que la Audiencia andaluza y el Tribunal Supremo los hayan condenado, pues no se lucraron personalmente y, además, salvaron muchos puestos de trabajo y mantuvieron la paz social. Lo dicho: los jueces se equivocan y, por otra parte, lo positivo de los fines justifica lo delictivo de los medios. Insisten en que solo 3 de los 5 jueces del Supremo han convalidado la malversación de Griñán; omiten que, en las dos instancias judiciales, ha habido unanimidad en condenarlos por prevaricación. Al propio abogado defensor no parece preocuparle este tipo delictivo, concentrándose solo en el que está penado con cárcel. Y, sin embargo, el elemento en común que comparten los delincuentes separatistas, peperos y socialistas es justamente la prevaricación, es decir el uso arbitrario y abusivo del poder. Hacen mal en justificarlo o minusvalorarlo: la democracia se basa, entre otras cosas, en que los dirigentes electos no abusen de su poder, sino que se sometan al imperio de la ley, sin violarla para conseguir ningún beneficio, sea personal, político o social. Es una diferencia con los regímenes autoritarios, en los que la voluntad del dictador es ley. No sé si Griñán malversó o no, pero tengo que asumir, so pena de poner en duda el funcionamiento de buena parte del sistema judicial español, que prevaricó. Y no es aconsejable, ni tampoco en los casos de los separatistas y peperos, disculparlo.
Dicho lo anterior, también diré que soy partidario de indultarlo. ¿Por su pasado? No. Nacido en una familia franquista, no movió un dedo contra el franquismo, lo que sí estaba en su mano decidir. A diferencia de tantos comunistas españoles y algunos socialistas, que se opusieron al franquismo en vida del dictador, el presidente no lo hizo. Se incorporó a las tesis progresistas cuando ya no suponía ningún riesgo, como tantos otros demócratas sobrevenidos que ahora, medio siglo después, se enfrentan gallardamente a la dictadura. Pero, si no por su pasado, soy partidario de indultarlo por su futuro: con 76 años y privado de poder, es imposible que vuelva a cometer el delito que, según criterio unánime, cometió. Ya no podrá prevaricar y, como nada más hay contra él, no representa ningún peligro para la sociedad. No le veo sentido a encarcelarlo, salvo por una especie de revancha penal, incompatible con la concepción democrática del Derecho. Si dependiese de mi voluntad, no lo disculparía, pero lo indultaría, y dejaría que viviese su vejez en paz con su familia.