El Gobierno evita marcar líneas rojas en la tramitación de la ley de secretos
● El Ejecutivo se muestra incluso abierto a negociar el plazo de 50 años impuesto para desclasificar los documentos más polémicos
El Gobierno evitará marcar líneas rojas para la negociación parlamentaria de la nueva ley de información clasificada que relevará a la ley de secretos oficiales de 1968 e insiste en sus llamamientos a sumar el mayor consenso posible, para lo que se muestra abierto a negociar incluso el plazo de 50 años impuesto para la desclasificación de los documentos más confidenciales.
El anteproyecto de ley aprobado el lunes por el Consejo de Ministros marca en 65 años el plazo máximo durante el cual podrá permanecer secreta una información. En concreto, para los documentos calificados como alto secreto se fija un plazo de 50 años, prorrogable otros 15; la información secreta lo será por 40, más diez de prórroga; la confidencial entre siete y diez años y la restringida entre cuatro y seis.
Estos plazos, sumado a la creación de la figura de una autoridad encargada de decidir sobre la desclasificación que recae en el Ministerio de la Presidencia, ha cosechado críticas de toda la oposición y de Podemos. Por ello, desde el ala socialista del Ejecutivo se han reiterado los mensajes recordando que se trata solo del primer paso de la ley y es necesario llegar a un texto final que contente a la mayor parte del arco político para que sea perdurable en el tiempo.
“Es una ley absolutamente imprescindible, estábamos con un texto de 1968, era una exigencia de la OTAN y además los ciudadanos tienen que conocer su propia historia”, remarca la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En este sentido, rechaza cualquier debate sobre el poder que la ley concede a cada Ministerio e insiste en que lo importante es avanzar sobre un texto que procedía del franquismo para facilitar el conocimiento de hechos relevantes de la historia de España.
Robles pone especial énfasis en el caso de los GAL, en cuya lucha estuvo directamente implicada como secretaria de Estado de Interior en los 90. “Para mí es una cuestión personal, sería muy importante que como consecuencia de la aprobación de la ley se desclasificaran documentos como los que hacen referencia al GAL. O al 23-F”, reconoce.
De ahí que no cierre la puerta a que el debate en el Congreso pueda rebajar el tiempo que haría falta para la desclasificación de estos documentos, ya que según la actual redacción aún quedarían dos décadas para poder conocer la información sobre los GAL. “Por eso tiene que haber en el trámite parlamentario varias enmiendas que pueden venir desde el número de años o también la naturaleza de determinados asuntos”, acepta.