Consecuencias, agujeros y soluciones
rueda te la cambia alguien de forma ilegal, puede costarte la vida”.
En el campo, la devaluación del producto va por varios frentes. Aunque la mecánica es similar a la de otros sectores, Paco Galán señala que es muy difícil que los precios “puedan estrecharse aún más”: “Los intermediarios nos bajan mucho los precios, hay mucha competencia. En este sector es muy difícil porque apenas hay capacidad de reacción. Los agricultores no tenemos beneficios, subsistimos –señala–. Nosotros no podemos sacar cantidades mayores de 1000 euros que no sean facturas. Aquí todavía se habla en pesetas, porque da la sensación de que es más dinero”. Y se ha devaluado hasta el euro. En esta vendimia, en la que el viñedo ha sufrido muchísimo la sequía, los precios de la uva han subido mucho: “Pero ojo, es la subida que tenía que haber tenido hace diez años”. Y en una recogida excepcional, en la que de los 10.000 kilos habituales por hectárea se ha pasado a seis, siete, ocho mil, “vas a cubrir gastos”. Paco Galán lleva unas 500 hectáreas en las que no sólo tiene viñas, sino que va cultivando algodón, garbanzo, trigo, boniatos, zanahoria o tomates. Ahora mismo, da cobertura a 17 personas.
En el campo, como en todos los demás palos, un producto por debajo del precio estipulado suele tocar primero el jornal de quien trabaja. Y después va todo lo demás: “Si yo tengo un viñedo ecológico, con una certificación
En su estudio de la economía sumergida en la provincia, el profesor Vicente Ríos investiga los determinantes y consecuencias del fenómeno, además realizar propuestas para su resolución. Ríos expone los efectos que la economía en negro tiene tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. A nivel macro, dado que se reducen los ingresos fiscales, “se dañan también los parámetros de equidad y justicia del sistema fiscal”, además de “mermar el crecimiento de la renta per cápita”, o “distorsionar los datos y estadísticas oficiales”, lo que puede provocar la puesta en marcha de políticas “incorrectas”. Desde el punto de vista microeconómico, “la economía sumergida favorece la ineficiencia en la asignación de recursos y perpetúa un marco de competencia injusto. Así, las empresas que trabajan de forma ‘irregular’ cuentan con ciertas ventajas económicas y productivas. Al no realizar el pago de impuestos y operar con menos regulaciones, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir (pagando salarios más elevados o hundiendo precios) que empresas que operan bajo los estándares legales”. Para el año 2020, la
que pagamos y un gasto incrementado, porque uso unos productos fitosatinarios específicos, etc., el bodeguero que viene a comprar la uva tiene una garantía de que ha pasado por todo eso –comenta–. Si luego analizas el vino y te sale de todo, pues en teoría yo tengo un certificado por el CAE y a mí sí me puedes pedir responsabilidad; a otro, no”.
Pero no cree que el público en general sea consciente de esas pérdidas. Tampoco lo piensa José Muñoz: “El monedero pesa mucho y no somos conscientes de lo que implica un aparente ahorro”, asegura, apuntando a lo elevado de un IVA que puede
suponer “el 21% en el titular de un vehículo, cuando en otros lugares se ha enfocado buscando una posterior reducción de IRPF”.
El portal puesto en marcha por la CEC recoge distintos buzones de denuncia que, tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como la Junta de Andalucía, ponen a disposición de cualquier ciudadano para que se denuncien posibles casos de vulneración de los derechos de los trabajadores o fraude a la Agencia Tributaria.
Tanto Galán como Muñoz son algo escépticos respecto a las denuncias. Para el primero, lo fundamental sería que la posibilidad economía sumergida supuso una pérdida de ingresos fiscales de aproximadamente 1.505 millones en la provincia: “Este resultado implica que, para el mismo nivel de servicios públicos recibidos, cada gaditano estaría pagando actualmente unos 1.209 euros de más anualmente en impuestos de lo que le correspondería en una situación de justicia fiscal”. Entre las opciones para paliar la mordida de la economía sumergida, Ríos propone iniciativas como la “creación de una unidad técnica de análisis del fraude fiscal a escala regional y provincial” o “desarrollar propuestas educativas del contribuyente y de simplificación del cumplimiento fiscal”, ya que “un gran segmento de la sociedad no ve la economía sumergida como una amenaza para su nivel de vida”. El especialista también menciona la ”carga regulatoria desproporcionada que sufren las PYMES” y la conveniencia de “analizar el efecto que tendría articular un sistema de deducciones en el IRPF por gastos de consumo en determinados productos y comercios”, además de “fomentar los pagos electrónicos”.
de cometer un fraude fuera imposible o fuertemente disuasoria. Galán recoge el sentir de empresarios que opinan que “la denuncia particular no es la solución, porque hace que nos convirtamos en policía. Es la administración la que debe cumplir con su cometido, pero como federación, estamos dispuestos a recoger denuncias anónimas y, que al menos, conste que se han comunicado”.
La economía sumergida es, por lógica aplastante, la gran amiga de las depresiones económicas. Durante el anterior periodo de recesión, el que trajo la crisis del ladrillo, ejerció, de ello, como respiradero in extremis.
El estudio de Vicente Ríos llega hasta 2020: desde entonces, han pasado tantas cosas que no nos atrevemos ni a brindar en Fin de Año. Y las voces no hacen más que repetir que a las vacas se les está marcando el costillar: los vientos hacen enarcar las cejas ante las buenas intenciones. “Muchos nos tenemos que la tendencia se mantenga y que, por alguna posible decisión que se toma, se pueda hasta incrementar”, indica José Muñoz, mencionando la última revisión que ha vivido la Reforma Laboral, que “viene en el peor momento y no se alinea para nada con la necesidad de progreso”.