Nuevo frente entre el PP y el Gobierno por el ahorro energético
● Andalucía y otras comunidades populares piden la retirada parcial del decreto y La Moncloa la niega ● Los límites a la climatización y alumbrado comenzarán a aplicarse esta medianoche
El decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno central, en el que se incluyen las polémicas medidas de limitación a la climatización y la iluminación, ha abierto un nuevo frente entre las comunidades gobernadas por el PP y el Gobierno central. Las primeras, entre ellas Andalucía, reclamaron ayer al Ejecutivo que retirase el capítulo del decreto en el que se incluyen estas prescripciones para negociar las medidas con las que alcanzar el 7% de ahorro energético que España ha comprometido ante Bruselas. Y el Gobierno ha negado esa retirada: el decreto se mantiene y las primeras medidas, el límite de temperatura y el apagado nocturno de escaparates y edificios públicos vacíos, entrarán en vigor a medianoche.
Ese es el resultado de la reunión entre los ministerios para la Transición Ecológica e Industria y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas tras la polémica levantada por la aprobación del decreto, derivado de los compromisos europeos para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania y concretamente al riesgo de desabastecimiento de gas. El Gobierno ya había anunciado que el encuentro sería para explicar la aplicación de la norma y las autonomías llegaban con la demanda de diálogo. La misma con la que han salido de la reunión.
“Por supuesto que Andalucía apoya sin fisuras la idea de reducir el consumo de energía, no hay dudas”, aseguró el consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, tras el encuentro, al que asistieron también la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y el de Turismo, Arturo Bernal. Pero “nos hubiese gustado que nos dejasen ejercer nuestras competencias de autogobierno”. Para Andalucía y el resto de comunidades del PP, se debería haber abierto un proceso consultivo en el que “acordáramos el qué, cuánto tenemos que ahorrar, y las comunidades autónomas, en el ejercicio de nuestras competencias, eligiéramos el cómo, cómo se adapta cada una de nuestras regiones según sus características”.
Las regiones gobernadas por el PP llevaban una propuesta a la mesa: la retirada del capítulo 1 del título 5 del real decreto, el que recoge la limitación de la climatización a 19 grados en invierno y 27 en verano (con excepciones) en edificios administrativos, comercios y bares; la obligación de los establecimientos abiertos al público de disponer de un sistema de cierre de puertas que impida que queden abiertas permanentemente y el apagado del alumbrado de escaparates y edificios públicos que hayan quedado desocupados a partir de las 22:00.
Unas medidas que a juicio de Paradela “no atacan la raíz del problema, que es el precio de la energía” y tampoco tienen en cuenta el ajuste en el consumo que ya están haciendo tanto las empresas como los hogares. Frente a ellas, la Junta propone a corto plazo trabajar en la vía de los incentivos con fondos europeos y, a medio, “desarrollar todo el potencial en el ámbito de las renovables”.
“El Gobierno es respetuoso con el Estado autonómico y ha aprobado aquellas medidas que, en su competencia básica, permiten impulsar la garantía de confort térmico”, defendió la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la reunión. La ministra advirtió a las comunidades que el Gobierno no tiene intención de retirar o aplazar ese paquete de medidas debido al compromiso con Bruselas y pidió a las autonomías que remitan sus propias propuestas de ahorro energético antes de septiembre.
A pesar del optimismo con el que celebró que los presidentes autonómicos se estén interesando personalmente en cuestiones de transición energética, ve “descorazonador” que ciertas administraciones hayan buscando la forma de resistirse al decreto. “Hablar de improvisación es equivocado”, afeó Ribera en alusión a las críticas de los últimos días.
El Gobierno al completo ha cerrado filas en torno a estas medidas, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que solicitaba ayer responsabilidad al PP porque España “no es europeísta sólo por necesidad, sino fundamentalmente por convicción”.
Más directa fue la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que pidió al PP que no haga “insumisión”, en referencia a la postura de Madrid, que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto.
“Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España. El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad. Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurrimos al TC”, comunicaba vía Twitter la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Govern catalán calificó la reunión como “una pérdida de tiempo”, ya que no se resolvió ninguna de las dudas generadas ni se tuvieron en cuenta las críticas ni las opiniones que surgieron.
Flexibilidad “en la medida de lo posible” en la aplicación del decreto pidieron también algunos gobiernos autonómicos, como el vasco o el socialista de Aragón.
La Federación Española de Municipios y Provincias subrayó la disposición de las entidades locales a cooperar con las comunidades y el Gobierno para llevar adelante el plan de ahorro y eficiencia energética.