INTEGRIDAD MORAL
FELIPE González ha salido a la palestra para defender en un comunicado el buen nombre de José Antonio Griñán, quien fuera ministro suyo, primero de Sanidad y después de Trabajo, en sus últimos gobiernos. Alaba Felipe su intachable integridad moral, su competencia y capacidad intelectual, así como su vocación de servicio público. Con estos antecedentes siempre le resultará injusta una condena por malversación, remata su amistoso alegato. No conozco de nada a Griñán, pero como muchos, aunque sea desde la distancia comparto en parte lo manifestado por González, y no me alegra su casi irremediable entrada en prisión.
El problema es que los jueces, de aquí y de allí, no han condenado a Griñán y a los otros investigados por los ERE exactamente por ser personas inmorales, sino por malversar dinero público, utilizándolo de una manera ajena a los normales mecanismos del Derecho Administrativo, algo asumido y que ni el socialista más recalcitrante discute hoy. Y la malversación, en España, está castigada con penas de prisión elevadas, al contrario que la prevaricación. Y ha quedado probado que todos conocieron de primera
La sentencia de los ERE, en realidad, no es más que una condena al clientelismo como forma de hacer política
mano esas irregularidades por vía de la intervención general y nada hicieron para evitarlo, estando en su mano hacerlo. ¿Es Griñán una persona inmoral por no haberlo hecho? No tiene por qué, pero de ello no se deduce que otros tampoco lo sean. Nótese la diferencia de trato hacia los distintos condenados, incluso desde las propias filas socialistas. Empatizamos más con Griñán porque nos parece, siempre nos lo pareció, una persona de orden, por lo que la sentencia (dura lex, sed lex) adquiere aquí un matiz exagerado, que sin embargo no ocurre con otros.
La sentencia de los ERE, en realidad, no es más que una condena al clientelismo como forma de hacer política. Ni más ni menos que lo que se ha hecho siempre por estas tierras, desde tiempos bastante antiguos, administrar la pobreza sustituyendo rentas por subsistencia. En Andalucía, además, el mucho dinero administrado (sobre todo de origen comunitario) y la larga permanencia en el poder han sido un caldo de cultivo perfecto para estas prácticas que ahora se presentan delictivas en toda su crudeza, pero hasta hace un rato eran consideradas poco más que parte indisociable de nuestro entramado socio-económico. Es esa percepción la que ha cambiado, y ante eso pocos alegatos morales me temo pueden prosperar