Un desbloqueo que no admite más demora
EL Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no admite más demoras, el retraso en la elección de sus nuevos vocales acumula más de 1.000 días, por lo que es imposible formular un razonamiento lógico sobre sus causas. Simplemente, no se ha querido. La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección del PP nacional ha abierto una oportunidad que no se debe desdeñar. El líder gallego no ha sabido explicar por qué la cúpula de Pablo Casado no le informó de que había un acuerdo con el Gobierno para la renovación parcial del Tribunal Constitucional, que aunque sean instancias distintas guardan un nexo de solución. Feijóo ha optado por culpar a sus antecesores, aunque una de sus personas de confianza, Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, era la portavoz en el Congreso durante ese mandato. La cuestión no es si alguien se ha equivocado en este asunto en el PP, sino que se debe aprovechar la circunstancia para desbloquear los nombramientos. La semana próxima se abre el año judicial, y es posible, por previsible, que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, vuelva a quejarse a los partidos sobre la demora de la renovación. El CGPJ tiene pendiente, sin embargo, la elección de dos
La renovación parcial en el Constitucional debe ser aprovechada por PP y PSOE para hacerlo en el Consejo General del Poder Judicial
miembros del Tribunal Constitucional, que debe hacerse a la vez que el Gobierno elige a otros tantos, ya que ahora hay cuatro vocales cuyos mandatos finalizaron en junio. Si Lesmes encuentra el quórum necesario para la votación, se procederá a la renovación del Constitucional, y además se abre la opción de un acuerdo más amplio entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ. Así debería ser. El Gobierno amenaza con renovar por su cuenta las dos vocalías que le corresponde si el Consejo no lo hiciese antes de mediados de septiembre. La ley orgánica que lo regula ha sido modificada este verano para que pueda nombrar a los dos miembros del Constitucional, aunque siga suspendida por la demora las elecciones de jueces en otras instancias, como el Supremo.