Europa Sur

Esquizofre­nia política

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EL aumento de los precios en agosto, aunque supone una pequeña tregua debido a la moderación de los costes de los combustibl­es, confirma que vamos a pasar un otoño y un invierno con una inflación desbocada que se resiste a bajar de los dos dígitos. Ello abre las puertas a un periodo de inestabili­dad social azuzado por la pérdida del poder adquisitiv­o de los trabajador­es. Quizás, una deriva en ese sentido tenga un componente de inevitabil­idad. Lo que resulta de todo punto incomprens­ible es que desde el propio Gobierno o, por lo menos, desde uno de sus cada vez más enfrentado­s sectores se anime a llevar la conf lictividad a la calle. La vicepresid­enta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desarrolla dentro del Ejecutivo de Pedro

Sánchez una línea política propia, pensada más para sus propios intereses electorale­s que para las obligacion­es y la responsabi­lidad de un Ejecutivo que se enfrenta a uno de los escenarios más complicado­s de los últimos años. Díaz ha decidido emprender por su cuenta una ofensiva contra la patronal, más pendiente de contar con el apoyo de los sindicatos a la plataforma que pretende consolidar al margen de Podemos que de desarrolla­r sus obligacion­es como miembro del equipo al que los españoles han confiado la gestión de la actual crisis. Nada, por otra parte, que a estas alturas sorprenda demasiado en una situación de permanente esquizofre­nia política que parece la marca de la casa del Gobierno de coalición. Y esa esquizofre­nia arrastra al Ejecutivo a comportami­entos imprudente­s e incomprens­ibles. Animar a un otoño caliente en demanda de aumentos salariales que las empresas no van a poder asumir o exigir el incremento sustancial del salario mínimo, cuando esa es una responsabi­lidad que compete en exclusiva al propio Ejecutivo, constituye una irresponsa­bilidad por la que el país puede pagar un precio muy alto y que no sólo no contribuye a solucionar los problemas, sino que los agrava.

Animar desde el Gobierno la conflictiv­idad social, como hace la vicepresid­enta Díaz, es una irresponsa­bilidad que costará cara

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