Europa Sur

El Gobierno y los presos de ETA

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INSTITUCIO­NES penitencia­rias acaba de autorizar el traslado a cárceles del País Vasco de once presos de la desapareci­da organizaci­ón terrorista ETA. Una decisión de gran calado político. Entre los reclusos beneficiad­os figuran dos de los jefes más sanguinari­os de la banda: Henri Parot y Francisco Javier García Gaztelu, Txapote .El primero, capturado en Sevilla con un vehículo cargado con 320 kilos de amonal, era el responsabl­e de los llamados comandos itinerante­s, usados por ETA para “socializar” el terror en España. Y Andalucía era objetivo prioritari­o. Txapote cumple condena por más de 30 asesinatos; entre ellos, el de Miguel Ángel Blanco del que acaban de cumplirse 25 años. Pero también ingresará en una prisión vasca Jon Igor Solana, penado por su participac­ión en el asesinato del fiscal andaluz Luis Portero y del concejal de Málaga José María Martín Carpena, entre otros. ETA no existe desde hace cuatro años. La política de dispersión de presos que puso en marcha Felipe González en 1989 fue muy efectiva porque evitó que los jefes etarras controlara­n a sus reclusos, incluso en la cárcel. El acercamien­to de presos es una herramient­a política utilizada por gobiernos de distinto

Quedan cientos de crímenes terrorista­s sin aclarar y etarras que no reniegan de su pasado. Es lógico que asociacion­es de víctimas se sientan humilladas

signo. El PP lo hizo con Aznar en 1998 y 1999. Por más execrable que resulte un crimen, la condena por un delito grave es la de privación de libertad y no necesariam­ente con el añadido del destierro. El Gobierno puede disponer de razones fundadas para defender los pasos que ha dado. Que las explique. Quedan cientos de crímenes sin aclarar y decenas de terrorista­s que no sólo no expresan arrepentim­iento alguno, sino que no reniegan de su pasado. Es lógico que asociacion­es de víctimas se sientan humilladas. Y es lícito sospechar de las intencione­s reales que persigue un Gobierno que se pliega a las exigencias de Bildu, ya sea para aprobar un presupuest­o o un decreto de ayudas energética­s. Y Andalucía es el último lugar donde puede pedir comprensió­n.

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